El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz y le permite seguir al frente del Santander

El número dos de Banco Santander, Alfredo Sáenz, seguirá en el puesto después de que el Gobierno en funciones le concediera ayer, cinco días después de perder las elecciones ante el PP, el indulto por la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto. La medida de gracia transforma la pena de tres meses de arresto e inhabilitación en una de multa de hasta 3.000 euros. De esta forma, seguirá cumpliendo los requisitos de «honorabilidad» que exige el Banco de España para los ejecutivos financieros. La medida ha levantado ampollas. Las asociaciones de jueces pidieron explicaciones, los populares se quejaron de que no estaban al tanto de la propuesta y relevantes dirigentes socialistas mostraron su perplejidad.

La concesión del indulto partió del Ministerio de Justicia y fue aprobada por el Consejo de Ministros. El departamento de Francisco Caamaño decidió «indultar parcialmente» a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, estos dos últimos también condenados por acusación falsa. Alegó que los hechos se produjeron «hace 17 años», en 1994, cuando Banesto presentó una querella contra tres empresarios deudores que luego resultó ser incierta, según la Audiencia de Barcelona. Los tres hombres de negocios fueron encarcelados injustamente por el juez Estevill, posteriormente condenado por prevaricación.

Pese a que Justicia no añadió otros argumentos, fuentes del ministerio señalaron que se ha calibrado el tiempo transcurrido, la pena menor impuesta por el Supremo y la grave consecuencia que hubiera supuesto para Sáenz la inhabilitación de tres meses, ya que habría tenido que abandonar la entidad por ser incompatible con la «honorabilidad» exigida por el Banco de España.

La fórmula elegida ha sido la del indulto parcial, que supone conmutar el arresto y la suspensión temporal por una pena de multa, que iría de 600 a 3.000 euros según el Código Penal vigente en la época, el de 1973. Esto no supone la anulación de toda la condena, sino de parte de ella, por lo que Sáenz seguirá teniendo antecedentes y quizá el Banco de España se tenga que pronunciar sobre su situación procesal. La otra opción, el indulto total, habría supuesto la remisión de todas las penas.

Precisamente, la Fiscalía del Supremo envió un informe no vinculante al Gobierno sobre la petición del indulto. El Ministerio Público apoyaba el perdón de la inhabilitación, pero no de la pena principal de tres meses de arresto. Por su parte, el Supremo también remitió un escrito al Ejecutivo en el que rechazó la medida de gracia porque «no apreciaba razones de justicia o equidad».

Tras conocer la decisión, las principales asociaciones judiciales emplazaron al Gobierno a explicar los motivos de semejante decisión «unilateral». Jueces para la Democracia mostró el desacuerdo de su agrupación con una Ley de Indulto que data de 1870 y que a juicio de su portavoz, José Luis Ramírez, otorga al Ejecutivo una facultad de tal calado que «la discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad». Para José Luis Armengol, de Francisco de Vitoria, se «ha puesto el listón muy alto»: «Esperemos que se aplique con el mismo criterio a cualquier tipo de persona». Mientras, Pablo Llarena, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, enfatizó que la decisión se ha adoptado «con el criterio en contra del Supremo».

En un comunicado oficial, el Banco Santander se limitó a mostrarse satisfecho con la decisión del Gobierno, que va a permitir la continuidad del primer ejecutivo del grupo en el cargo y que su salida se produzca cuando los administradores y accionistas de la sociedad lo estimen oportuno. La Asociación Española de Banca también la consideró «un acierto» y aseguró que Sáenz «es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos años».

El primer ejecutivo del grupo bancario, uno de los directivos mejor pagados de España -9,2 millones en 2010-, ha desarrollado una larga carrera en el sector. Nacido en Bilbao hace 69 años, entró en la banca de la mano del histórico Pedro Toledo y ha reflotado dos entidades: Banca Catalana, intervenida por el Banco de España en 1982, y Banesto, de la que el instituto emisor había desplazado a Mario Conde por las irregularidades cometidas. Sáenz recibió el encargo de sanear esta última institución, adquirida finalmente por el Santander, y luego pasó a dirigir junto a Emilio Botín el grupo.

Momento poco oportuno

La condena a Sáenz por una actuación llevada a cabo durante su mandato al frente de Banesto ha llegado 17 años después de los hechos, y en un momento nada oportuno para prescindir del alto directivo, para el que no hay muchos relevos en plena crisis de la deuda.

El Gobierno aprobó el indulto cuando se encuentra ya en funciones, en uno de los últimos consejos de ministros y una vez celebradas las elecciones generales. En medios bancarios se estaba a la espera de que se produjera justamente en este intervalo, y la información había circulado profusamente.

El portavoz del Ejecutivo en funciones, José Blanco, dijo ayer, tras la reunión del Gabinete, que desconocía si el Partido Popular había sido informado previamente. Pero fuentes del PP informaron de que Soraya Sáenz de Santamaría, que dirige el traspaso de poderes, pidió con insistencia conocer la relación de indultos pendientes, que le fue denegada con el argumento de que esos acuerdos son propuestos por el Ministerio de Justicia, que los despacha directamente con Zapatero.

La medida ha provocado el rechazo de algunos dirigentes socialistas como el expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, que se ha declarado «perplejo». Desde IU, su coordinador general, Cayo Lara, criticó a Zapatero por poner «un broche bochornoso a su andadura», mientras que para UPyD constituye «un patético espectáculo».