«El Gobierno no es quién para decirles a los santanderinos si deben ir en coche o en metro»

La cosa se calienta. El alcalde liberó su enfado ayer por el Plan General de Ordenación Urbana con tal rotundidad que el presidente regional le contestó, comunicado de prensa mediante, a las pocas horas; en términos políticos, de inmediato. Para apagar el fuego antes de que se esparciera el humo.

El Gobierno regional ha exigido al Ayuntamiento que justifique en el PGOU la «sostenibilidad económica» de dos de sus proyectos principales: el metro ligero y el túnel desde las estaciones ferroviarias hasta la avenida de Los Castros. E Íñigo de la Serna replicó ayer con estas dos frases categóricas: «El Gobierno no es quién para decirles a los santanderinos si se tienen que mover en bicicleta, en coche, en metro ligero, en autobús o a pie de la mano de sus hijos. Es una competencia exclusivamente municipal y el Gobierno jamás debiera entrar en competencias que son municipales».

La reivindicación de la potestad consistorial a la hora de determinar cómo quiere que se expanda y comunique su ciudad no es baladí. Responde a la declaración de principios que hizo el consejero de Urbanismo el mes pasado, cuando Javier Fernández atribuyó a las injerencias autonómicas (del bipartito PRC-PSOE) el retraso que sufren muchos planes urbanísticos de localidades cántabras. Entre ellas, la capital.

Pues bien, cuestionar el tranvía pensado para Santander, el túnel de 1,2 kilómetros e incluso la futura capacidad de las glorietas de la S-20 es exactamente eso, «una injerencia», según opinión del alcalde, que ayer por la mañana pronunció ante los medios de comunicación: «Yo fui el primero que celebré las palabras del consejero diciendo que la Crotu jamás, en ningún caso, se iba a meter en asuntos que fueran de competencia municipal. Y éste, clarísimamente, lo es», subrayó, reiterando su protesta.

La respuesta de Diego llegó por escrito y al mediodía. El presidente definió el Plan de la capital como «un documento magnífico», y disculpó los cambios que ha ordenado la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) como ajustes menores, que «indudablemente requieren un breve periodo de adecuación, pero como contrapartida supondrán una absoluta garantía».

Las consecuencias

Porque detrás de todo este follón está la paralización del PGOU, que afecta a la construcción de viviendas, polígonos industriales o equipamientos de todo tipo, pendientes de las recalificaciones que incluye el planeamiento. El municipio aguarda su aplicación desde hace cinco años: los cuatro que costó elaborarlo, y el que lleva en los despachos del Gobierno regional esperando respuesta. De ahí que De la Serna proteste por tener que definir ahora lo que ya considera más que definido: «Llevamos cinco años mostrando esas infraestructuras, ese túnel y ese metro ligero, y lo hemos enseñado en cuatro informaciones públicas. No se puede parar la economía regional para tener que dar explicaciones de cuestiones que única y exclusivamente son de competencia municipal», reiteró, demarcando por tercera vez su fuero. E insistió en las consecuencias: «Hay muchos promotores que están esperando generar riqueza y empleo, que están ahí, que tienen financiación y están a la espera. Difícilmente van a entender» la demora «porque ahora haya que explicar de qué manera se van a mover los santanderinos dentro de la ciudad», continuó el regidor.

La Crotu ha remitido 48 observaciones del Plan que requieren cambios. Primero hay que redactarlos y después someterlos a una nueva información pública, de un mes. Como poco, completar el trámite completo conllevará medio año. Porque no se trata de añadir 48 folios, sino «transformar todo el planeamiento para adaptarlo a esas 48 cuestiones que han surgido ahora». De la Serna no comparte la consideración de la Crotu, que califica de menores las modificaciones pedidas sobre los suelos costeros, Mercasantander o los futuros centros de salud, entre otros asuntos afectados. «No estoy en absoluto de acuerdo», dijo el alcalde sobre cómo el Ejecutivo de Diego ha tratado de minimizar el alcance de la nueva revisión.

Al acabar sus manifestaciones sobre el espinoso tema, De la Serna utilizó un tono solemne: «Voy a defender a esta ciudad por encima de cualquier cosa y voy a defender a los santanderinos por encima de cualquier cosa». La lectura que entrelíneas tenga esta última frase se verá. De momento, ha quedado más que patente que el PGOU ha abierto la primera brecha entre las administraciones regional y local, entre Ignacio Diego e Íñigo de la Serna. Dentro del Partido Popular de Cantabria, al fin y al cabo.