La deuda en fármacos para hospitales aumentó un 22% en los últimos seis meses

Si cada español tuviera que pagar de su bolsillo la deuda que su comunidad tiene con los suministradores de fármacos hospitalarios, los cántabros serían los que más dinero deberían sacar del banco. Cada uno tendría que poner 305 euros para que el Gobierno regional pagase los 181 millones de euros que debe. Una cantidad que en julio del año pasado era de 148 millones. Es decir, ha aumentado un 22% en los últimos seis meses, según los datos facilitados por Farmaindustria, la patronal del sector.

Cantabria lidera esta clasificación con autoridad, ya que Valencia, la segunda, se encuentra a distancia con 253 euros de deuda por habitante. Los navarros, vascos y ceutíes son los que menos dinero deberían poner sobre la mesa para paliar el déficit de sus ejecutivos en este ámbito, con 22, 17 y sólo 5 euros, respectivamente, por ciudadano.

No es la única estadística en la que Cantabria ocupa uno de los primeros puestos en incumplimientos. La región tarda de media 804 días en pagar a los suministradores de medicamentos hospitalarios, muy lejos de los 525 de la media nacional y más aún de los 50 días como máximo que permite la Ley. Sólo tres comunidades -Valencia, Castilla y León y Baleares- acumulan más retraso en los pagos que Cantabria. Como contraste, Ceuta y Melilla tardan 28 días, País Vasco, 70 y Navarra, 73 días.

El suministro, en riesgo

Según Farmaindustria, las consecuencias de esta situación son «verdaderamente dramáticas», ya que las compañías «no tienen capacidad de seguir funcionando, la imagen internacional de España se está desmoronando al no hacer frente a estos pagos y puede llegar a estar en riesgo el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad».

Por estos motivos, «esta situación no puede prolongarse más en el tiempo» y así se lo ha hecho saber Farmaindustria al Gobierno central y a las comunidades autónomas con mayores demoras. La industria farmacéutica está «dispuesta a colaborar» con las administraciones en la articulación de una solución que suponga normalizar el pago de las nuevas compras a partir de 2012 en los plazos legales establecidos para evitar que se siga incrementando el volumen de la deuda.