Anticorrupción investiga una trama de adjudicaciones 'a dedo' en la Policía

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias previas contra el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para investigar su posible implicación en las supuestas adjudicaciones 'a dedo' de diversos trabajos de acondicionamiento realizados en un total de tres inmuebles de Cantabria, dependientes todos ellos de la Jefatura Superior de Policía (JSC), por valor de unos 20.495 euros. Declarado secreto, el caso se ha activado a nivel global en varios puntos de España donde se trata de averiguar si el CNP ha amañado concursos para proceder al acondicionamiento de diversas instalaciones de la institución.

La supuesta trama -explicaron fuentes judiciales- comenzó hace un mes, después de que una denuncia anónima sobre los supuestos contratos irregulares llegara a la Intervención Delegada de Hacienda. Este organismo remitió el asunto a la Dirección General de la Policía que, a su vez, dejó el caso en manos de Asuntos Internos. Esta unidad, dada la gravedad de las acusaciones y tras constatar que la mayor parte de la denuncia se refiere a contratos efectivamente reales, puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que decidió judicializar la investigación.

El escrito de autoría desconocida, al que ha tenido acceso este periódico, consta de nueve páginas en las que se detallan con todo lujo de detalles supuestos contratos a empresarios 'amigos' por un valor cercano a los dos millones de euros sólo durante los ejercicios de 2010 y 2011. Siempre según la denuncia, el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía habría encargado una treinta de obras en instalaciones policiales de una decena de provincias diferentes (entre ellas Cantabria, Madrid, Valladolid, Barcelona, Rioja, Cáceres, Pontevedra, Zaragoza o León) incurriendo en diversas irregularidades. Entre las instalaciones citadas se encuentra incluso el complejo policial de Canillas, en Madrid, sede los servicios centrales del cuerpo.

Reformas en comisarías

De acuerdo con el escrito, estas obras, la mayoría remodelaciones y reformas en comisarías, habría sido encomendadas a un grupo de 19 empresas y despachos de arquitectos 'amigos', que el texto reproduce con cifras y nombres.

El anónimo habla de contratos «amañados», aceptación de trabajos «muy por encima del precio de mercado», partición de adjudicaciones en «contratos menores» para no tener que sacarlos a concurso público, adjudicación a empresas 'amigas' de trabajos en provincias diferentes de las que operaban, costosos estudios que nunca llegaron a realizarse, contratos a las mismas personas escondidas bajo diferentes sociedades o partición de los presupuestos en diferentes anualidades para reducir el costo de los contratos. La denuncia, que asegura que en muchas de estas adjudicaciones irregulares se utilizaron fondos del reciente Plan E para la promoción del empleo a través de las obras públicas, detalla que de media estos contratos estaban inflados un 30%, dinero que el anónimo acusa de repartirse entre los contratistas y administradores del Cuerpo, que habitualmente no son policías.