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LOLA GALLARDO
Sábado, 11 de febrero 2012, 03:38
Abarrotado. Así estaba ayer el salón de actos del colegio público Cisneros de Santander. Quinientas personas acudieron a la convocatoria de la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, Adicae, y acordaron «hacer mucho ruido». Iniciarán un calendario de movilizaciones con dos concentraciones «fuertes» en Santander frente a las sedes de Caja Cantabria y La Caixa, las entidades que más productos bancarios tóxicos han puesto en manos de los cántabros. Habrá reuniones con políticos y banqueros, asambleas por toda la geografía cántabra y concentraciones y caceroladas frente a las entidades financieras que más han perjudicado los ahorros de los cántabros.
Juan Manuel Brun, delegado de Adicae en Cantabria, se mostró rotundo. «Nos tienen que oir. Que todo el mundo sepa que nos han engañado para que no engañen a nadie más», así se manifestó ante quienes acordaron «ir a por todas» en la defensa de sus ahorros. Y es que algunos testimonios son desgarradores. Brun comentó que una anciana, ciega, le ha llamado por teléfono y «me dice que no para de llorar y que no ha dicho nada de esto a su familia por vergüenza. No lo podemos permitir», dijo.
Uno a uno, todos los asistentes estamparon su firma y sus datos en un folio para empezar a organizarse. Se crearán comisiones con el objetivo final de recuperar el dinero y sensibilizar a toda la sociedad sobre su problema con la banca. La primera abordará las relaciones con los medios de comunicación e Internet. Otra se encargará de reuniones con políticos. Adicae, explicó Brun, planteará encuentros con los alcaldes cántabros -ya comenzaron esta semana con el de Santander- y presentará en los ayuntamientos mociones para que los plenos municipales aprueben apoyar a este colectivo. Y es que, según explicó Brun, los políticos forman parte de los consejos de administración de las cajas de ahorro «y algo podrán hacer».
Una tercera comisión acudirá a encuentros con los principales sindicatos de Cantabria (UGT y CC OO) y con parlamentarios y, la última, estudiará las protestas. Lo que aplaudieron los asistentes es comenzar un calendario de movilizaciones. Y hay ideas para «molestar» a las entidades financieras.
Adicae atenderá en las próximas semanas a los perjudicados por productos tóxicos de ahorro, que han comercializado 52 entidades financieras en España. La asociación prepara demandas para intentar que los afectados recuperen unos ahorros que se han visto mermados entre un 40% y un 60%. Y ayer explicaron los costes de la demanda para quien decida ponerla en marcha ya. Oscilan entre 150 y 500 euros. Depende de la cantidad a reclamar y del número de personas que se agrupe en la demanda.
Estos activos tóxicos son participaciones preferentes, deuda subordinada, cuotas participativas y cédulas hipotecarias. Son productos de alto riesgo que las entidades financieras vendieron a los cántabros sin informarles adecuadamente del riesgo que asumían. Los que compraron pensaban que sus ahorros estaban seguros. Así lo manifestaron ayer. Los activos tóxicos son productos de inversión complejos, poco líquidos, no cubiertos por ningún fondo de garantía y que se negocian en un mercado secundario. Se les llama preferentes porque tienen preferencia sobre los accionistas a la hora de cobrar. En el caso de las participaciones preferentes, como se está invirtiendo en el propio banco, se puede no cobrar intereses si éste tiene pérdidas, o si el banco decide que los beneficios deben ser utilizados para reforzar su solvencia y sus recursos propios.
Todos estos productos bancarios tienen un problema común de liquidez, dado que es muy difícil para el inversor recuperar sus ahorros cuando quiera. Algunas de las entidades financieras están ofreciendo a sus clientes canjearlos por otros. Adicae aboga porque los bancos devuelvan el 100% de la inversión en efectivo a sus clientes, si bien también admite un canje por otro tipo de producto siempre que sea solvente, como un depósito a plazo fijo de un año.
Adicae anima a los usuarios a reclamar primero ante el servicio de atención al cliente del banco, que no les va a dar la razón, y luego ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo dictamen no es vinculante para el banco o caja. Todo ello sin renunciar a las acciones judiciales para recuperar el dinero.
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