Un juez falla que los nombramientos políticos en las empresas públicas son «de ida y vuelta»

Los nombramientos políticos en las empresas públicas son «de ida y vuelta». Es decir, que un cambio de Gobierno supone un vuelco lícito de sus plantillas. En esa idea se basa la sentencia del Juzgado Social número 3 de Santander para respaldar los despidos de dos militantes del PRC de Cantur tras la llegada al poder del Partido Popular. «Cada equipo de Gobierno suele designar para estos puestos a personal simpatizante o afiliado al partido político gobernante. Así viene sucediendo desde tiempo casi inmemorial», afirma el juez Pablo Rueda. Quitar a los que pusieron los otros para poner a los míos. Pero el texto incluye otras valoraciones. Define como «sorprendente» la ayuda al Racing, habla de «vorágine contratadora» que «no se alcanza a comprender» y asegura que, con la entrada en vigor de la reforma laboral, se pondrá fin a «polémicas» de este tipo.

Rueda rechaza las peticiones del excoordinador del Museo Marítimo, Bernado Colsa, y la exjefa de Recursos Humanos de Cantur, Ana Abarca, ambos militantes del PRC. Ellos solicitaban que sus despidos se declararan improcedentes. Sin embargo, para el magistrado no se pueden asumir criterios «estrictamente empresariales» por la «dependencia» de las empresas públicas los partidos políticos que gobiernen en cada momento. «Parece razonable y no ilícito que el nuevo equipo contrate a su vez a otros trabajadores para que ocupen estos cargos que permitan dirigir los designios del ente público acorde con su ideario».

No fueron determinantes

Además, entiende que las ideas políticas de los empleados no fueron determinantes para su salida, puesto que sus cargos no han pasado a manos de militantes del PP, sino que se han suprimido. No obstante, aunque así fuera, tampoco tendría «especial relevancia jurídica». En este sentido, la sentencia llega a alabar lo que supone un «esfuerzo» para mejorar la situación económica de Cantur. Una situación que define como «calamitosa» por motivos como la «vorágine contratadora». «Compartir la postura de la parte demandante podría conllevar que legislatura tras legislatura, si cambiara el equipo de Gobierno, la plantilla de Cantur y otros entes públicos creciera sin fin», apunta. Y da más motivos. Lo que entiende como un «auxilio» -se utiliza el adjetivo «sorprendente»- al Racing, que evita que las pérdidas de Cantur sean «inferiores». A este respecto, el magistrado repasa los 2,2 millones de euros de pérdidas en 2011 y los gastos de personal (que pasaron de 12 a 13 millones) para confirmar que la empresa es «absolutamente deficitaria» y que «siempre existen pérdidas» con unos gastos de personal «muy elevados».

«No es ningún secreto que la región de Cantabria no tiene excesivo tejido industrial, ni otro tipo de potenciales susceptibles de generar recursos, riquezas, salvo el turismo y en su momento la construcción», desarrolla el juez. En consecuencia, «Cantur es una entidad relevante en el desarrollo económico de Cantabria». Rueda -que, asegura, «no es conocedor de los entresijos de la política municipal o autonómica de Cantabria»- «comparte enteramente» los argumentos de Cantur, respecto a que los despedidos pretendían «un blindaje contractual». Y es que, según sus argumentos, si no se puede prescindir de ellos porque pertenecen a un partido, se caería en una contratación «casi funcionarial», sin una selección en base a principios de mérito, capacidad e igualdad.

Además, el magistrado recuerda que otros tres despedidos al tiempo que Colsa y Abarca no continuaron el proceso judicial al llegar a acuerdos. Eso hace suponer que «no compartan» el criterio de la discriminación. En todo caso, la nueva reforma laboral evitará la «polémica» porque, con su entrada en vigor, las empresas podrán remitirse a las insuficiencias presupuestarias para adoptar estas decisiones.