Los propietarios de los pisos de La Pontanilla, en Corrales, reclaman una pronta solución

Las veinte familias que en su día adquirieron una vivienda en el complejo residencial La Pontanilla, sito en Los Corrales de Buelna -cuyas obras están paralizadas desde hace dos años- han vuelto a pedir una pronta solución que les permita garantizarse la seguridad de que podrán entrar a vivir en sus pisos cuanto antes o recuperar el dinero que invirtieron.

Lo han hecho molestos ante la «la falta de información» por parte de Caja Cantabria, inmersa ahora en un proceso judicial de ejecución de la hipoteca que tenían los antiguos promotores para asumir el proyecto y acabar una obra solo a falta de pequeños remates.

Los propietarios han vuelto a denunciar su situación reclamando a la entidad financiera una explicación al nuevo retraso en la solución deseada. Algunos, incluso, han llegado a la resolución del contrato y la petición del aval, pero también en esos casos la solución no llega por los complejos pasos jurídicos que tienen que afrontar.

Una espera de seis años

La historia comienza a finales del año 2006, cuando dos nuevos promotores adquirieron la sociedad original que en 2005 puso en marcha el proyecto de construcción iniciado un año antes, según las familias por un precio muy superior al valor de la obra. Hasta ese momento se habían vendido 20 de las 44 viviendas contempladas en el proyecto. La nueva promotora incrementó los precios de venta y desde ese momento solo se vendió un piso más.

Las obras se paralizaron en febrero de 2010, parece ser que por discrepancias entre los dos socios de la promotora, aunque los afectados apuntan a que la paralización podría deberse a que los promotores no habían vendido las viviendas que esperaban.

En junio de ese año, uno de ellos se reunió con la veintena de compradores asegurándoles que tenía la intención de comprar la parte de su socio y terminar la obra, operación que, afirmó, Caja Cantabria veía con buenos ojos.

Sin embargo, la entidad aseguraba que no sabía nada del asunto, aunque todo apuntaba a que estaba ya buscando a una empresa que se hiciera cargo de la sociedad y acabara los trabajos.

En septiembre del año pasado, Caja Cantabria -donde los afectados habían depositado una media de unos 30.000 euros cada uno- anunció que quería acabar con el problema y llevó a juicio la ejecución de la hipoteca que tenían los promotores para hacerse cargo del proyecto, acabar la urbanización y entregar los pisos.

Desconocimiento

Los dueños de las viviendas esperaban que ese proceso judicial no fuese demasiado largo pero lo cierto es que los meses transcurren y nada saben, a pesar de sus múltiples intentos por enterarse de algo en las constantes visitas que realizan a Caja Cantabria, entidad de la que la mayoría de ellos se confiesan clientes «de toda la vida».

Con todo, cada comprador continúa viviendo su particular calvario. Está desde el que pensó en vender su vivienda para pagar la nueva, «y que me digan, tal y como están las cosas, cómo lo hago ahora»; hasta quien necesita dejar un piso sin ascensor «porque los mayores ya no pueden subir tantas escaleras»; o la pareja joven que lleva años viviendo con sus padres sin poder entrar a vivir en un piso que se llevó sus ahorros y está por acabar con sus ilusiones.