El juez obliga a pagar al Ayuntamiento y al Gobierno la licencia del parking de Castro

El Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha quedado con la miel en los labios. De los 722.700 euros que, en un principio, tenía que percibir del Gobierno regional en concepto de tasas y licencias por la construcción del aparcamiento subterráneo de Amestoy, sólo recibirá la mitad, es decir, 361.350 euros. Al menos así lo señala la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ha estimado parcialmente un recurso del Ejecutivo regional.

El asunto se remonta al pasado año. El Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander había desestimado un recurso del Gobierno de Cantabria contra la resolución del Ayuntamiento de Castro en la que se reclamaba el pago de las licencias municipales. En su recurso, el Ejecutivo regional alegaba que el parking es una instalación vinculada al puerto deportivo, también proyectado en la zona, mientras que el Ayuntamiento de Castro negaba esa consideración al entender que no existía la vinculación precisa con el puerto.

Finalmente, la Sala consideró que el Gobierno cántabro no había demostrado «con solidez que el aparcamiento es una estructura servicial de la función definitoria de un puerto». «Es más, en su demanda reconoce que el aparcamiento va a servir para prestar servicio a quienes no sean usuarios del puerto, y esto es un dato determinante que aleja definitivamente al aparcamiento de la naturaleza de instalación portuaria».

457 plazas de uso residencial

Ahora, el TSJC señala que en la descripción inicial del aparcamiento de 14 de febrero de 2001, «que no ha sufrido modificaciones», la ingeniero municipal describía que el aparcamiento constaba de dos plantas: la primera de 473 plazas de uso público que conecta con el puerto deportivo, y otra segunda, de 457 plazas de uso residencial y con acceso independiente de la anterior, «lo cual refleja la vinculación de la primera planta con el puerto y su indudable consideración como infraestructura del mismo, mientras que la segunda, con acceso independiente del puerto, sí se consideraría sujeta a tributación al destinarse a un uso residencial».

Por esta razón, el Gobierno regional sólo tendrá que abonar al Ayuntamiento de Castro Urdiales la tasa de licencia e impuesto de construcciones y obras respecto de las 457 plazas de aparcamiento destinadas a uso residencial, la mitad del parking. No obstante, esta resolución no es firme, ya que las dos partes podrán presentar recursos si así lo estiman.