Los bomberos alertan de sus despidos a los ayuntamientos

Los bomberos regionales han iniciado una campaña por los ayuntamientos y mancomunidades de la región para informar -más bien alertar- del precario estado en el que quedará el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) tras el despido de 28 trabajadores de una plantilla que ahora suma 121 y que ya va justa para atender todos los sucesos, todas las llamadas al 112. Quieren que los plenos municipales aprueben mociones o documentos de apoyo para que el Gobierno de Ignacio Diego detenga el ajuste, como le pidieron a él directamente -sin éxito- hace una semana.

Con 28 empleados menos, el 112 no podrá mantener activos todos los parques con los que ahora cubre las emergencias de la región, en especial los rurales: Reinosa, Valdáliga, Laredo, Tama, Villacarriedo y Los Corrales de Buelna. Eso dice el comité de empresa, cuyos integrantes temen que el fin último sea una privatización, que de momento solo está confirmada para la centralita. Los trabajadores intentarán también concertar reuniones con cuantos más alcaldes puedan para transmitirles las consecuencias de los despidos en su zona. De momento, ya han presentado por registro oficial varias decenas de solicitudes de respaldo en otros tantos municipios, según informó ayer Pablo Ramos, portavoz de UGT. Y han cosechado su primera respuesta positiva.

La Mancomunidad de los Valles Pasiegos aprobó en su asamblea del pasado 30 de marzo un escrito donde «insta al Gobierno de Cantabria a rechazar la enorme reducción del personal de atención a las emergencias, en detrimento de la calidad de la prestación del servicio público, con la consiguiente pérdida de garantías de seguridad para todos los ciudadanos de Cantabria». Firmado por el presidente de la mancomunidad, Pedro Gómez Ruiz, el documento también rechaza «la externalización» de la centralita.

Con el plan de ajuste en el SEMCA, la consejería de Presidencia y Justicia, de la que depende, pretende ahorrar 800.000 euros en gastos de personal, bajo la misma fórmula aplicada por el PP en todas las empresas y fundaciones públicas. La plantilla argumenta que no se trata de una empresa cualquiera, por la trascendencia de su misión, y que «no sobra ningún bombero». Faltan.