Los sindicatos claman contra el concierto al Torrevelo y éste defiende su «derecho»

La concesión del concierto educativo al colegio Torrevelo-Peñalabra ha desatado una tormenta de críticas por parte de los sindicatos y las organizaciones que representan al sector de la enseñanza pública. Sólo 24 horas después de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte decidiera devolver el concierto al centro privado de la empresa Grupo Educativo Fomento, el sindicato mayoritario STEC emitió un comunicado en el que solicitaba la dimisión del consejero, Miguel Ángel Serna, y avisaba de que tomará medidas legales contra una decisión que califica de «provocación escandalosa».

La clave está en la fusión administrativa que se produjo en enero de este año entre los colegios Torrevelo y Peñalabra, el primero de niños y el segundo de niñas. Una unión que no tendrá consecuencias en la práctica, pero que permite solicitar el concierto en plano de igualdad con el resto de colegios privados mixtos. Así lo explica la directora del Torrevelo-Peñalabra, Lourdes Maldonado: «El colegio cumple todos los requisitos legales y está en su derecho de solicitar un concierto, así que no tiene que sorprender que nos lo devuelvan -el Torrevelo lo perdió hace tres años- porque la Consejería de Educación también está cumpliendo la legislación».

La directora del centro dice que no quiere entrar en una guerra con los sindicatos, que se oponen a la subvención de los centros que segregan por cuestión de sexo. «No quiero entrar a discutir la educación diferenciada. Ahora mismo el debate no está entre la enseñanza diferenciada o la mixta. Está en que hemos solicitado un concierto cumpliendo la legalidad y en que el centro y las familias tienen que tener libertad para elegir la opción que les convenga. La enseñanza diferenciada es una alternativa tan lícita y estupenda como la mixta».

Reunión de la Junta

En cambio, Javier Ramírez (Comisiones Obreras) critica que utilicen una «trampa legal» para unir ambos colegios y conseguir el concierto «en un momento en que se recorta en becas, en investigación, en plazas de interinos y en formación a los docentes». Ramírez advierte de que los sindicatos piensan presentar alegaciones conjuntas porque entienden que esta medida es «una afrenta a toda la educación de Cantabria».

Marisol Bustillo, del sindicato STEC, desvela que a principios de curso, después de que el consejero de Educación anunciara en su primera comparecencia que tenía la intención de devolver el concierto al Torrevelo, los sindicatos debatieron si se tomarían medidas legales al respecto. Una conversación que se reanudará el lunes, cuando la Junta de Personal Docente se reúna de urgencia.

«Además es curioso que esta decisión se tome el día que comienzan las vacaciones de Semana Santa, cuando el profesorado y las familias no están en los centros», apunta Bustillo. «La falta de claridad y transparencia es tan absoluta que lo que tiene que hacer este consejero es dimitir».

Fernando García, de UGT, asegura que aunque se han concertado seis unidades -clases- de Primaria y dos de Secundaria, es decir, una línea, en la práctica no será así. «Si lees la resolución con detenimiento descubres que las seis unidades concertadas en Primaria corresponden a los cursos de primero, segundo y tercero; y las dos de Secundaria son de primero de ESO. Eso significa que han concertado dos líneas: una para niños y otra para niñas, y eso es un fraude de ley».

Desde UGT añaden que una vez que se firme el acuerdo de conciertos y se publique en el BOC, intentarán demostrar que las condiciones que motivaron la denegación del concierto -la educación diferenciada- siguen siendo válidas.

El sindicato ANPE también se muestra crítico aunque más cauteloso y quiere estudiar con detenimiento la resolución y poner las ideas en común con las otras organizaciones sindicales antes de tomar medidas. Federico de los Ríos opina que todos los recursos para educación deberían destinarse a centros públicos. «Y en este contexto de crisis no deja de ser gracioso que se apliquen recortes en la educación pública y se concierte a centros privados», añade.

Fuera del ámbito sindical, Izquierda Unida también opina que Miguel Ángel Serna debería presentar su dimisión. Y en la misma línea se han mostrado el Colectivo de Estudiantes y la Plataforma Universidad Pública para Cantabria.