El interventor cuestiona los ingresos extras incluidos en el Presupuesto de este año

La crisis ha puesto de moda la expresión 'facturas en el cajón'. El presidente cántabro, Ignacio Diego, la propagó aquí para referirse a la «deuda farmacéutica oculta» del anterior Gobierno. Pero en las últimas semanas también ha empezado a escucharse en el Ayuntamiento de Santander. Fue el propio alcalde, Íñigo de la Serna, el que la utilizó por primera vez. Para negarla. «No hay recibos escondidos en cajones, cumplimos con los plazos de pago», dijo. El Consistorio ha pedido, de todos modos, 24 millones de euros al Estado para pagar las 1.576 facturas que tiene pendientes a fecha de diciembre del año pasado. Una decisión que ha levantado una polvareda de críticas por parte de la oposición. «Es un plan de rescate más que una operación de crédito», lo tachó el portavoz del PRC, Francisco Sierra. Es cierto que las condiciones para devolverlo son mucho menos exigentes que las de los bancos. Un interés del 5% en un plazo de diez años. Pero, a cambio, el Estado pide una 'hoja de ruta' financiera del Ayuntamiento para la próxima década. Es decir, que ponga por escrito cómo piensa devolver el dinero. Y el interventor municipal no ha querido pillarse los dedos con el famoso cajón. El Plan de Ajuste que ha elaborado y enviado a Madrid no incluye los ingresos previstos por el Plan General -que está sin aprobar- ni cualquier otro extraordinario que no se haya producido ya.

Se da la circunstancia, por tanto, de que el Presupuesto municipal aprobado hace tan sólo dos meses tiene partidas de ingresos que no coinciden con el documento de previsión para este año enviado a Madrid. El interventor se explica en su propio informe: se ha guiado por un «criterio de absoluta prudencia». Eso sí, no cierra la puerta a que «durante el ejercicio se cumpla la previsión presupuestaria», matiza en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

El origen de esos ingresos es lo que motiva al interventor a dejarlos fuera. Los que dependen del Plan General, por ejemplo, ya se incluyeron en los presupuestos del año pasado y no se cobraron. ¿La culpa? Los continuos retrasos en la aprobación del documento que dibuja el desarrollo urbanístico de la capital para los próximos años.

La primera víctima son los seis millones de euros que Caja Cantabria pagará al Consistorio por las plusvalías del cambio de consideración del suelo de la residencia de Cazoña. El convenio urbanístico y el dinero están congelados hasta que se apruebe el Plan General de Santander. Tanto el equipo de gobierno municipal como el Ejecutivo regional no dudan de que estará listo este verano, pero el interventor ha preferido contabilizar esta partida en 2013 y no este año. Por «prudencia» y por otra razón. Caja Cantabria tiene un plazo de seis meses para pagar esos seis millones, lo que podría demorar su cobro, efectivamente, hasta el año que viene. Incluso si el citado Plan se aprueba en julio o agosto. Aún así, el funcionario matiza que, de producirse en 2012, se «reconsideraría también el gasto de inversión correspondiente».

Guiado por ese «criterio de absoluta prudencia», el interventor también ha dejado fuera todos los otros ingresos de carácter extraordinario que no se han producido todavía, pero que sí constan en los presupuestos del Ayuntamiento para este año. Se quedan fuera, por tanto, los 2,5 millones de euros en concepto de canon por la gestión de la nueva residencia de ancianos del Primero de Mayo. También reduce un 40% el dinero proveniente de multas.

«Sudokus inverosímiles»

El interventor también ha decidido estimar como «no ejecutables» aquellas inversiones que, a día de hoy, no están iniciadas ni disponen de financiación, «sin perjuicio de que, si se produjeran los ingresos que las financian se procedería a su ejecución».

Con este informe en la mano, la oposición recordó en el pleno de la semana pasada las enmiendas a la totalidad que presentaron a los presupuestos. En el caso del PRC, por la «imposibilidad de dar credibilidad a un documento que prevé ingresos por casi 14 millones de euros imposibles de conseguir en este año». «Presupuestos de ficción que hacen pensar en sudokus inverosímiles», señaló su secretario general de Santander, José María Fuentes-Pila.

No piensan lo mismo desde el equipo de gobierno. En sus cálculos sí entra cobrar este año esos ingresos extraordinarios, y recuerdan la puerta abierta que deja el interventor en su informe. El Plan de Ajuste está realizado «con criterios conservadores y pone de manifiesto que hay solidez en este Ayuntamiento», aseguró el alcalde durante el Pleno.

La próxima década

El Plan de Ajuste también recoge las operaciones de crédito previstas a partir de 2014. Por ley, ningún ayuntamiento puede pedir dinero a los bancos si su deuda viva supera el 75% de sus ingresos corrientes. Con 127 millones de euros, es el caso de Santander este año. Pero a partir del que viene estará por debajo de ese límite, según los cálculos del equipo de gobierno. Y se piensa aprovechar. En 2014 el ayuntamiento pedirá un crédito de 9 millones de euros para «financiar inversiones», como recoge el informe del interventor. Y lo seguirá haciendo todos los años con cantidades que oscilarán entre los 6 y los 12 millones. Aún así, la deuda seguirá bajando progresivamente durante la próxima década, según sus estimaciones, hasta que en 2022 se haya reducido un 48%, casi la mitad.

El Plan de Ajuste no introduce medidas fiscales nuevas respecto de las aprobadas ya por el Ayuntamiento en las modificaciones de las ordenanzas fiscales, o las derivadas de la normativa estatal. Sin embargo, tanto PSOE como PRC opinan que para hacer frente a estas deudas y créditos el Ayuntamiento de Santander se verá obligado a subir el IBI, las tasas de basuras y otros impuestos. En el último pleno, el alcalde lo descartó: «No habrá medidas fiscales añadidas en los próximos diez años y el IBI está congelado en el tramo municipal».

El actual plan de Tesorería municipal arroja dificultades de pago entre enero y mayo, así como de octubre a diciembre de cada año, compensadas con periodos de excedentes de liquidez en el periodo restante. Al final, con esta inyección de 24 millones de euros, el ayuntamiento pasará de un saldo negativo de 9 millones de euros a final de año a uno positivo de 3,8 millones de euros.

Mientras que 13,3 millones irán directos a las facturas pendientes, 10,7 millones se destinarán a la deuda con la empresa Ascan, con un saldo pendiente de pago por la ejecución de la obra de recogida neumática, saneamiento y regeneración urbana de la zona Castilla-Hermida y Antonio López. El ayuntamiento ha podido incluir esta partida porque el decreto-ley permite la inclusión de los acuerdos con los contratistas que incluyan una cancelación fraccionada de la deuda, como es el caso.

El propio funcionario duda de la precisión del documento. «La premura -dos semanas- de su confección comporta un cierto riesgo de error en sus estimaciones. El horizonte del Plan es diez años, pero la experiencia demuestra la dificultad de una planificación acertada superior a tres o cuatro años», señala en su informe.