GFB, un proyecto fantasma

GFB, más que una fábrica de fibroyeso, ha sido una fábrica de sueños para atrevidos cazafantasmas, si no fuera porque ha costado a las arcas públicas regionales entre 45 y 50 millones de euros y ha dejado por el camino las expectativas de 77 trabajadores.

El proyecto, auspiciado por el grupo empresarial Pujol Martí, nació en 2002 cuando los costarricenses decidieron instalarse en Cantabria, a través de una sociedad denominada Suyesa. Desde aquella fecha, en la que el Gobierno de Martínez Sieso (PP) anunció esa posibilidad y la ubicó en el polígono de La Vega, en Reinosa, el proyecto ha navegado entre mares de tempestades, hasta naufragar en un concurso de acreedores y en la liquidación de la sociedad, vendida en subasta pública a la única empresa que ha pujado por ella, el grupo alemán Fermacell.

El Ejecutivo de Martínez Sieso se empeñó en instalar la fábrica en Reinosa para dar vida a la comarca campurriana, pero el acuerdo no cristalizó porque Pujol Martí quería un lugar cercano al puerto de Santander. Tras las elecciones autonómicas de 2003, el nuevo Ejecutivo integrado por regionalistas y socialistas retomó el proyecto industrial que se daba por perdido, y se convirtió en socio a través de la Sociedad de Desarrollo Regional (Sodercan). El 1 de marzo de 2004, el entonces presidente Miguel Ángel Revilla viajó hasta Costa Rica y firmó un convenio que suponía la entrada de Sodercan en la iniciativa empresarial con un 30% del capital (27 millones de euros).

Se cambió la ubicación de Campoo por la de Orejo (Marina de Cudeyo) y surgieron también los primeros recelos del Partido Popular, que con el paso del tiempo se convirtieron en avisos, alertas y denuncias continuas en el Parlamento.

En 2005 comienzan las obras para construir la planta en Orejo. Pujol Martí promete una inversión de 64 millones de euros y la creación de 140 trabajos directos, así que el proyecto es declarado de interés regional. El Gobierno está eufórico. Por fin hay una iniciativa de envergadura en la región. Pero otro fantasma, el de la crisis de la construcción, empieza a sobrevolar la economía nacional y empiezan las dificultades. El socio mayoritario, los costarricentes de Pujol Martí, comienza a remolonear y a incumplir sus compromisos, y con ellos se inicia un rosario de retrasos sobre las fechas previstas para la puesta en marcha de la fábrica. El proyecto comienza a desvanecerse y a partir de ese año 2007 se consuma su agotamiento.

La maquinaria, almacenada en Alemania, llega a Santander en 200 camiones en febrero de 2006, y un año después GFB contrata a 23 operarios en previsión de que la apertura de la fábrica se haría en julio. Pero nada de eso ocurriría. Los costarricenses no acaban de aportar liquidez a la operación. Ninguno de los socios está dispuesto a realizar aportaciones complementarias significativas para finalizar la instalación, adquirir materia prima o disponer de circulante. Las deudas de proveedores y trabajadores comienzan a acumularse hasta que el 28 de abril de 2009 GFB insta el concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil. Los administradores concursales ponen negro sobre blanco el proyecto, y no ven más alternativa que la liquidación.

Durante todo este tiempo, el PP se desgañitó denunciando la actuación del bipartito en todo el proyecto. Llegó incluso a pedir una comisión de investigación en el Parlamento, que la mayoría de socialistas y regionalistas despreció. A lo largo de 2010, GFB buscó la entrada de un socio que permitiera relanzar el proyecto. En abril se llegó incluso a firmar un preacuerdo con la multinacional americana Sanford, que no cuajó. Con los trabajadores despedidos (hasta un total de 77 llegaron a contratarse) y en vía de liquidación, la fábrica de fibroyeso era ya un proyecto frustrado.

La mayoría absoluta del PP en los comicios regionales de mayo de 2011 dieron a este partido la llave para abrir la puerta de la investigación y pedir responsabilidades al Ejecutivo de Revilla. El PP consiguió finalmente su objetivo y el pasado mes de septiembre puso en marcha una comisión parlamentaria que durante tres meses ha indagado sobre las actuaciones del Gobierno anterior en GFB. El pasado mes de marzo concluyó que había responsabilidades penales y el PP, haciendo uso de su mayoría absoluta, remitió el caso a la Fiscalía, que ahora tendrá que determinar si hay materia delictiva para acusar a algún miembro del Gobierno o directivo de Sodercan.

Pero mientras la batalla política sobre GFB se dilucidaba en el Parlamento, en el Juzgado de lo Mercantil los administradores y la jueza sacaban a pública subasta la fábrica por 14,5 millones de euros, a la que se presentó una única oferta, la de la alemana Fermacell, su nueva propietaria.