El nuevo interventor de Castro Urdiales fue condenado por prevaricación

El exconsejero de Economía del Gobierno cántabro David Puebla, condenado en 1994 a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, será el nuevo interventor del Ayuntamiento de Castro. Implicado en el proceso judicial que forzó la dimisión del entonces presidente regional, Juan Hormaechea, el Tribunal Superior de Justicia cántabro condenó a ambos, junto al exvicepresidente Roberto Bedoya, por la adjudicación ilícita a la empresa Oyprocansa, propiedad de un amigo de Hormaechea, de la confección y colocación de carteles propagandísticos de las obras financiadas con capital autonómico.

Según la sentencia, aunque el importe de cada cartel ascendió a 141.306 pesetas, los servicios técnicos tasaron el coste en 87.586. Puebla también fue hallado culpable de la manipulación del sistema de pago con el propósito de que la empresa esquivase la correspondiente retención. De esta forma, entre junio de 1988 y diciembre de 1990, el Gobierno regional ejecutó 650 retribuciones por valor de 246,5 millones de pesetas con cargo a una cuenta cuyo saldo negativo ascendió a cien millones, generando un perjuicio a las arcas regionales de ocho millones de pesetas en concepto de intereses.

Exdirector financiero del Racing, Puebla ha ostentado en los últimos meses el cargo de tesorero provisional del Ayuntamiento de Torrelavega. En Castro, ocupará un puesto asociado a la polémica tras el paso de Fernando Urruticoechea, que denunció prácticas ilegítimas durante la gestión de los alcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza. Sus enfrentamientos con los miembros del equipo de gobierno derivaron en varias denuncias por acoso laboral. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falló recientemente en contra de su demanda de una compensación de 226.200 euros al Ayuntamiento.

«Deuda saldada»

El equipo de gobierno local ha encajado la llegada de Puebla «con respeto». Según el regionalista Javier Virto, «no hay nada que objetar, al haber cumplido los requisitos exigidos por el concurso para la provisión del puesto». Sobre su condena por prevaricación, se limita a aseverar que no empaña la imagen del municipio. «Si cometió algún error, algo de lo que nadie está libre, ya ha saldado su deuda», zanjó.

Fernando Muguruza, por su parte, opta por no posicionarse, «al desconocer el caso concreto», aunque sostiene que Hormaechea, «junto a quien me inicié en política», fue «víctima, como yo, de un linchamiento». Acusado por Urruticoechea de desarrollar prácticas corruptivas y 'mobbing', afirma, no obstante, que «cualquier funcionario será más conveniente que el exinterventor».