«No se pueden dedicar 200.000 euros para un comedor que no es social»

La decisión de echar el cerrojo al comedor social de Santoña está levantando ampollas entre los vecinos, que no entienden cómo «se puede hablar de rentabilidad para referirse a un servicio que desde hace tantos años alimenta a nuestros mayores». Piden y quieren explicaciones sobre su eliminación. Y, ayer, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Saénz de Buruaga, detalló, a preguntas de los periodistas, las razones que han llevado al Gobierno de Cantabria a no continuar ofreciendo comidas en este centro a partir del 15 de mayo. Según la consejera, al comedor de la villa no se le puede definir como «social» porque sus usuarios «no son siempre personas sin recursos». Para argumentarlo se agarra a que «el único requisito para poder acudir a él era estar empadronado en Santoña», sin atender a criterios de renta.

A juicio de Buruaga, en un momento de crisis y de extrema necesidad como la actual, «hay que priorizar los servicios» y no se pueden dedicar 200.000 euros «para un comedor que no es social». Eso sí, dejó claro que «no se dejará a nadie desatendido». Como alternativa, ha propuesto la adhesión de aquellas personas que acudían al comedor al servicio de catering social. Una opción que los usuarios rechazan de pleno porque dicen «es mucho más cara que lo que pagamos por el comedor y nos obligará a estar encerrados en casa». Y es que este local, propiedad del Ayuntamiento, también hace las veces de lugar de encuentro, donde los mayores, desde hace más de cuarenta años, juegan a las cartas o leen el periódico. Sin embargo, la consejera añadió que para reunirse «ya existen otras instalaciones» y aseguró que el anterior Gobierno regional «ya había tomado la decisión de cerrar este comedor, si bien, al perder las elecciones, decidieron traspasar la responsabilidad al siguiente Ejecutivo».

En medio de toda esta polémica los mayores acudieron ayer, como cada día, al comedor. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santoña, Felisa Bollaín, acompañada de una trabajadora social, mantuvo una breve charla con ellos, en la que les informó de la existencia de un bar del municipio que ha mostrado su intención de dar de comer a los ancianos del centro por el mismo precio: entre 3 y 4 euros.

La iniciativa ha surgido de María José Larrañaga, responsable del restaurante Casa Muruzabal, a quien la medida tomada por el Ejecutivo le parece «vergonzosa». Y es que tiene claro que «dar de comer a los ancianos no se puede entender como un negocio sino que es una labor social y necesaria». Pero para ello -dice- «hay que tener cariño y voluntad». Y eso, añade, «le falta a las administraciones públicas». Nada más enterarse de la noticia del cierre tuvo claro que ayudaría a estos mayores. «¿Cómo vas a dejar que estas personas, que no se pueden valer por sí mismas, se hagan la comida?», se pregunta. Mientras habla, a su lado está Alfonso Lamalfa, uno de los usuarios del comedor. «Cuenta conmigo», le dice a María José. También Lázaro, otro de los mayores del municipio, valora positivamente la idea: «¿Qué más podemos pedir? Nos ofrece darnos de comer por tres euros».