La Comisión de Patrimonio regulará la colocación de carteles en la ciudad

La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Torrelavega será la encargada de regular la colocación de carteles, con la intención de hacer compatible y facilitar la limpieza de la ciudad con el derecho a la libertad de expresión de los colectivos que utilizan esta fórmula como medio de publicidad para llegar a la gente.

La moción que la portavoz de ACPT, Esther García, trasladó el pasado viernes al Pleno, a petición de la Plataforma por la Libertad de Expresión, fue asumida por el resto de grupos políticos, aunque será la Comisión de Patrimonio la que decida dónde y cómo se habilitan diferentes lugares para la colocación de carteles, convocatorias y anuncios publicitarios, todo ello, en base a los informes que realicen los técnicos municipales.

La plataforma, integrada por el Consejo de la Juventud, PCPE, Sain, CNT, 15M, Equo y ACPT, está en contra de la ordenanza cívica del Ayuntamiento, que impide la colocación de carteles y anuncios en Torrelavega y prevé multas de entre 300 y 6.000 euros por la pegada de carteles en lugares públicos, sin que existan zonas alternativas para ello. En su exposición de motivos, Esther García explicó que, en la actualidad, se está privando a colectivos sociales y políticos, y a ciudadanos a título personal «de un legítimo derecho de expresión y comunicación». La líder de ACPT aseguró que la plataforma pretende dar una «solución equilibrada» al problema, «limitando determinados lugares para la colocación de propaganda, que nos permita informar y expresarnos».

El Ayuntamiento frenó el pasado mes de abril la campaña que los colectivos que integran la Plataforma por la Libertad de Expresión iban a iniciar en contra de las sanciones que contempla la ordenanza cívica y que impide la colocación de carteles en la vía pública. La iniciativa iba a consistir en instalar cien paneles en el municipio para que la gente pudiera hacer llegar sus mensajes, pero, los responsables de la plataforma comunicaron que suspendían temporalmente su inicio porque el Ayuntamiento les exigía 300 euros de fianza, como condición para otorgar el permiso de instalación de paneles por toda la ciudad.

La plataforma denunció el comportamiento del equipo de gobierno por «intentar cercenar» un derecho fundamental y aseguró que con esta medida el Ayuntamiento aplicaba «como una mordaza» la ordenanza sobre ornato de lugares públicos.