El movimiento 15M congrega a los afectados por los últimos recortes del Gobierno regional

Cada una de las miles de personas que ayer se manifestaron por las calles de Santander tenía su propia historia. Atraídos por la convocatoria del movimiento 15M, estuvieron los ancianos y trabajadores de la residencia La Pereda, con un cierre ya firmado y sellado; los bomberos de la región, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE); profesores y padres en defensa de una educación pública que tiembla cada vez que se pronuncia la palabra 'ajuste', y los afectados por las participaciones preferentes que han perdido sus ahorros. También había sindicalistas, estudiantes, jubilados, parados... Pero los números, una vez más, volvieron a no coincidir. Los 1.500 participantes calculados por la Policía quedan muy lejos de los 8.000 que, según la organización, recorrieron ayer por la tarde la distancia entre Puertochico y el Ayuntamiento. Una marcha que pretendía conmemorar el aniversario del movimiento 15M y que acabó reuniendo a los afectados por los últimos recortes del Gobierno regional. Santander se sumó, así, a la movilización global en 80 ciudades españolas y 160 de todo el mundo, desde Nueva York hasta Atenas, Londres, Lisboa o Madrid, donde ayer miles de personas tomaron la Puerta del Sol.

En la capital cántabra, la manifestación estuvo encabezada por una pancarta en la que se podía leer: 'No somos mercancías en manos de políticos y banqueros', aunque en el recorrido eran numerosos los carteles y letreros, con mensajes como 'Que los políticos y banqueros lloren como los obreros', 'La educación no se vende, se defiende', o 'PP y PSOE culpables'. Óscar Manteca, portavoz de Democracia Real Ya, lamentó «el rescate a los bancos y no a las personas» que lleva a cabo el Gobierno central, y auguró más manifestaciones en el futuro. Los recortes, dijo, se han sucedido durante «un año muy duro, golpeando a colectivos muy diversos que hoy se han unido a nosotros para protestar».

Entre los 'ataúdes' para los servicios sociales, una mancha verde situada en el corazón de la manifestación desvelaba la posición de los miembros de la plataforma de apoyo en defensa de la educación pública. Pero no sólo había adultos, también escolares que pidieron «más profes y menos diputados». Uno de sus miembros, José Luis de la Mota, reconoció que el anuncio del rescate de Bankia «preocupa mucho» por las consecuencias que pueda tener en los colegios e institutos que dependen del dinero del Estado. «Nos tememos más recortes», dijo, «y por eso estamos aquí, para denunciar que la educación pública está pagando los platos rotos».

Precisamente, uno de los ocho puntos que vertebran el manifiesto del movimiento Democracia Real Ya, recoge algunas «medidas esenciales» en educación, como la contratación de profesores para asegurar la ratio de alumnos por aula y reducir el coste de las matriculas universitarias, entre otras medidas.

Los otros ejes del programa de los 'indignados' se centran en la eliminación de los privilegios de la clase política; medidas contra el desempleo; el derecho a la vivienda; el control de las entidades bancarias y de la fiscalidad; las libertades ciudadanas y la democracia participativa, y la reducción del gasto militar.

Para reivindicar todos estos puntos, uno de los 'paradas calientes' de la manifestación fue la sede de la Delegación del Gobierno. La cabeza de la marcha se sentó en la carretera, frente a la puerta, en señal de protesta. Todos los que pudieron. Marisa y dos de sus amigas se acuclillaron hasta donde su edad les permitió. Este grupo de ancianas aguantaron las dos horas de marcha para apoyar a su amigo Rafa, residente de La Pereda, un geriátrico que tiene las horas contadas tras el anuncio de cierre realizado por el Gobierno regional. Una clausura que no llegará sola. El centro de día de Castro y el comedor social de Santoña también cerrarán sus puertas.

Fueron muchos los trabajadores, familiares y afectados de estas instalaciones que ayer salieron a la calle pancarta en mano. Entre ellos, Isabel Rodríguez, trabajadora de La Pereda, que denunció el «atropello» que suponen esas medidas del Ejecutivo cántabro. «Es un problema muy grande para mucha gente y estamos aquí para reivindicar nuestros derechos», señaló. Es más duro escuchar el relato de boca de los propios protagonistas. Como Carlos Casas, que después de tres años en La Pereda, será uno de los desplazados. «Estamos desquiciados y con ansiedad», reconoció.

La marcha finalizó en una plaza del Ayuntamiento que se quedó pequeña para escuchar los manifiestos de los grupos de afectados que quisieron coger el micrófono.