Diego no descarta vender el edificio del geriátrico de La Pereda

Anunciado el cierre, el Gobierno anda dándole vueltas al destino final de la residencia La Pereda y, descartada la posibilidad de que aquello siga siendo un geriátrico o se convierta en sede administrativa, el presidente ha sido taxativo: «Se pensará en un uso público y, si pasado un tiempo no se encuentra, se convocará un concurso de ideas o se venderá». Diego dijo, exactamente, lo que desde hace días teme el colectivo de trabajadores afectado por el cierre de la residencia, que asegura que detrás de todo esto sólo encuentra «una operación especulativa sin precedentes». Lo cierto es que el solar, contemplado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santander como de usos sociales, debería librarse de esa atadura si algún día el Gobierno decide colocarlo en el mercado libre.

De momento, los sindicatos tendrán que esperar hasta el próximo día 23 para expresar sus temores a la vicepresidenta y consejera de Sanidad. María José Sáenz de Buruaga anunció también ayer que se reunirá el próximo miércoles con los representantes de los trabajadores y que será entonces cuando esté perfilado el proyecto de decreto sobre los cambios de estructura y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, aún en fase técnica. Un encuentro en el que éstos esperan conocer el informe técnico sobre el que el Ejecutivo ha fundamentado su decisión.

Responsabilidad compartida

Tanto el presidente como la vicepresidenta echaron mano de la responsabilidad que cargan sobre sus espaldas para volver a explicar el cierre del geriátrico. Una decisión, aseguraron ambos, que obedece, únicamente, a criterios «objetivos y de sentido común».

Diego, además, apeló a la generosidad de los trabajadores y los invitó a corresponsabilizarse con el Gobierno. También dirigió su mirada hacia otras comunidades autónomas, como Andalucía o Cataluña, para, en una suerte de aviso a navegantes, recordar que se puede llegar a estar aún peor. El presidente, en definitiva, ha pedido a los cántabros «en general» que entiendan esta idea.

Por lo que respecta a la vicepresidenta, Sáenz de Buruaga aseguró que el actual Gobierno de Cantabria se está comportando de «una manera inédita y sin precedentes, justificando las decisiones con razones objetivas que, eso sí, pueden compartirse o no» y echó la vista atrás para reprochar a sus predecesores haber cerrado decenas de centros de salud sin previo aviso.

También aseguró que el desalojo del edificio se va a realizar con la «mayor sensibilidad» con los residentes de La Pereda; que actualmente hay 110 plazas del sistema público a disposición de los usuarios y que se ha constituido una comisión de valoración de las distintas situaciones y criterios como grado de dependencia, proximidad y capacidad adquisitiva para, en función de eso, dar una solución a cada uno de los casos.

Sin embargo, si algo despertó la ira, no sólo de los sindicatos, sino de los partidos en la oposición, fue esa puerta cada día más abierta a una posible venta del edificio. La espiral de críticas siguió creciendo hasta llevar al portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, a urgir al alcalde a pronunciarse sobre la «especulación inmobiliaria que plantea Diego para La Pereda». «Estamos ante una amenaza de especulación inmobiliaria a costa de la calidad de vida de los mayores, planteada con cuajo y sin pestañear, como si tuvieran la sangre de goma», dijo el regionalista mientras en el PSOE acusan directamente a Diego de cerrar La Pereda para hacer «negocio».