Buruaga muestra un informe de 2006 que desaconsejaba remodelar La Pereda

Las dos son políticas veteranas, saben de qué hablan cuando discuten sobre Sanidad o Servicios Sociales, y miden sus enfrentamientos con fintas, quiebros y estocadas bien enlazadas. Ayer, María José Sáenz de Buruaga, vicepresidenta del Gobierno y consejera de Sanidad, y Dolores Gorostiaga, exvicepresidenta y exconsejera de Bienestar Social, debatieron en el Parlamento sobre un tema sensible: el cierre de la residencia de mayores de La Pereda, en Santander (parte de cuyos afectados llenaba ayer la zona reservada al público). Buruaga dijo haber actuado con responsabilidad al clausurar un edificio con riesgo para sus inquilinos, que su predecesora nunca debía haber reformado, visto el coste que implicaba. Y la socialista le recriminó «una decisión que responde mucho más a la ideología que a la crisis», a un concepto distinto de lo que debe ser la asistencia social.

El mecanismo de los debates plenarios se parece más a un duelo de pistolas dieciochesco, donde cada contendiente dispara por turnos, que a un western, donde vence el más rápido y certero. Al estrado solo sube uno y siempre hay uno que tiene la última palabra. Ayer cada cual sacó sus armas, y como quien interpelaba era la diputada del PSOE, le tocó la suerte del último disparo a la consejera. Buruaga mostró un informe de 2006 encargado por la Administración a la empresa Versus Consultores antes de convertir lo que entonces era un centro de ocio para personas válidas (llamado Edificio Marcano) en una residencia para mayores válidos y también dependientes, informe que el PSOE «desoyó».

El documento calculaba tres millones de coste si el uso se acotaba para válidos, y seis millones si se ampliaba a dependientes, alternativa que indicaba como «poco operativa» por su capacidad limitada de plazas. Según sumó la popular, «nueve millones», un coste superior a la construcción de un centro nuevo. Después de sopesar todas las opciones, los técnicos concluían que «parece difícil establecer alguna conclusión que al menos represente una mejora o ventaja a la situación actual sin un coste excesivo».

El Gobierno anterior inició las inversiones en la residencia. Le dedicó 3,5 millones y dejó obras encargadas, que el PP ha anulado ahora. Primero, porque «se gastó el dinero de forma irresponsable y chapucera», pues la adaptación de habitaciones dobles no permite «el paso de una silla de ruedas o una grúa» de las que se necesitan para mover a los residentes en peores condiciones físicas. A esas carencias, Buruaga sumó los riesgos ante un hipotético incendio, ya que no se pueden cumplir las normas básicas de evacuación.

En lugar de «invertir un dinero que no tenemos», la Consejería ha optado por el cierre, con la recolocación de usuarios y de algunos trabajadores: «La Pereda es un pozo sin fondo y absolutamente inviable», remachó la responsable.

La red que dejamos

Por ahí empezó pinchando Gorostiaga, recriminando al PP que «prescinda de 110 plazas públicas en Santander, en una de las áreas con más carencia», y se lleve por delante «más de cien empleos». «¿Ha sido una decisión improvisada?», se preguntó. No: la Consejería planificó hace meses detener las reformas iniciadas hace un lustro, como prueba el hecho de que «desde diciembre La Pereda no ha recibido ni un solo residente». «El Gobierno tenía la decisión de hacer dinero con La Pereda», dedujo Gorostiaga, sospechando una venta de los terrenos.

Y si el contenido prioriza la contabilidad sobre el servicio público, para el PSOE las formas vienen a confirmar «un pasito más en ese plan inconfesable del PP de desmantelar el Estado del Bienestar». Porque Buruaga no consultó la medida en «las correspondientes mesas de negociación», ni con inquilinos, trabajadores o sindicatos. Solo «la comunicó». Lo dijo y lo hizo casi al unísono. Y después, urgió a los ancianos en una carta a elegir antes de 10 días otra residencia, bajo amenaza de «quedarse sin el derecho a una plaza de residencia que les reconoce la ley».

Buruaga está convencida de haberse comportado «con la máxima sensibilidad», y ayer quiso reivindicarlo con promesas para todos los afectados. Reubicará a los 51 residentes válidos en los centros públicos de Cueto (25) y Laredo (26), y a este segundo grupo le ofrecerá «la posibilidad de retornar a Santander con prioridad» cuando abra el edificio de Virgen del Faro. A su vez, distribuirá a los 43 dependientes entre la residencia de Cueto y las plazas concertadas. «Ya han abandonado el centro 8 de forma voluntaria y 12 más lo harán a lo largo de esta semana», puntualizó. Por último, al Consejería recolocará a los trabajadores con plaza en otros centros, y «mediará con la red concertada a efectos de contratación» para los interinos.

Ahí Gorostiaga vio un hueco para el contraataque: le recordó al PP que ahora puede recurrir a toda esa red de centros públicos para traslados y recolocaciones gracias a que el anterior Ejecutivo realizó grandes inversiones para asegurar los servicios a los mayores: «De eso sí tenemos al culpa», admitió.