El Gobierno sube los honorarios de los notarios para cancelar la hipoteca

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha acusado al Gobierno central de aumentar «por la puerta de atrás» de forma sustancial los honorarios que los ciudadanos deben pagar a notarios y registradores de la propiedad por la cancelación de hipotecas. Según la asociación, ese incremento está recogido en el Real Decreto-ley 18/2012, del pasado 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos financieros en poder de las entidades financieras. Dentro de esa normativa, la disposición adicional segunda «esconde» una reforma de los aranceles de las operaciones de novación, subrogación y cancelación de préstamos, en virtud de la cual los bancos y las cajas reciben «un trato privilegiado», pues a ellos se les rebajarían las tarifas, mientras que el particular tiene que asumir «una importante subida».

La OCU explica que, desde el pasado 12 de mayo, el arancel «dependerá del importe del préstamo solicitado en su día». «Pasar por el notario para cancelar una hipoteca cuyo capital inicial fue de 150.000 euros costará 137 euros por una sola copia simple, casi el triple de lo que costaba hasta ahora, que era 50 euros», calcula la asociación. Además, la factura del notario tiene un 'suelo', pues este nunca podrá cobrar menos de 90 euros por realizar el trámite.

«En el caso de un registrador -continúa la OCU-, y para el mismo préstamo de 150.000 euros, la minuta ascenderá a 84; también casi el triple de lo establecido anteriormente (28,85)». Aquí se aplican igualmente unos honorarios mínimos que nunca bajarán de 24 euros.

Denuncias de fraude

La OCU recuerda que encarecimiento de los aranceles se ha producido solo unos meses después de que la organización hubiera acusado a numerosos notarios y registradores de ignorar las rebajas introducidas por la ley 41/2007. Esa acusación de fraude, cifrado «en unos 93 millones de euros» solo durante 2010, fue elevada a la Fiscalía del Tribunal Supremo y motivó la aprobación, en noviembre pasado de un Real Decreto, que dejaba claro «cuáles eran los importes a pagar».

Entonces la OCU consideró «grave» que unos fedatarios públicos incumplieran flagrantemente la normativa -se detectaron irregularidades en el 92% de las operaciones analizadas por la asociación-. Pero le pareció «incluso más grave» que tales prácticas no cesaran a pesar de las advertencias realizadas por la Dirección General de los Registros y el Notariado, del Ministerio de Justicia, y pese a resoluciones judiciales que las declaraban incorrectas.

La OCU reprocha ahora al Ejecutivo que haya modificado al alza los honorarios profesionales sin una audiencia o consulta previas; y critica que haga recaer costes sobre los ciudadanos en lugar de «favorecer los intereses de los más desprotegidos y de quienes están soportando las cargas de la crisis». Al contrario, señala la entidad, el nuevo decreto echa un capote a bancos y cajas, y «una vez más favorece a un colectivo minoritario, pero de gran influencia en el Ejecutivo, como son los notarios y registradores».

La nota de la OCU tilda de «aberrante» que, después de pasar lustros abonando el préstamo, «se quiera sangrar aún más» al ciudadano. Ante esa situación, la organización hace una recomendación a quienes terminen de pagar la hipoteca: «Que la cancelen registralmente únicamente cuando sea estrictamente necesario (por ejemplo, si tienen previsto vender la casa sobre la que recaía la hipoteca)».

La OCU recuerda que la legislación prevé que «pasados veinte años» desde la última cuota, «la inscripción registral puede cancelarse por caducidad». «Con ello prosigue-, el consumidor se ahorra al menos los aranceles notariales y registrales, así como otros gastos de dudosa legalidad, como los que cobran bancos y cajas por emitir certificados de cancelación, que pueden llegar a oscilar entre 100 y 200 euros».