Acayro imputa ahora a Muguruza por el alquiler «irregular» de dos locales

El magistrado Luis Acayro Sánchez ha imputado de nuevo por supuesta prevaricación administrativa y tráfico de influencias al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza y a los exediles José Miguel Rodríguez 'KyK' y Jaime Díez Muro, por alquilar unos locales, presuntamente, sin seguir las normas de contratación.

En un auto que hizo público ayer, Acayro apunta que se ha acreditado que Muguruza y los dos exediles «alquilaron esas lonjas de forma directa sin que se justificase su necesidad, y sin informes técnicos ni expediente de contratación». Según el instructor, el alquiler de las lonjas ascendió a un importe de cerca de 168.000 euros, entre 2003 y 2008.

Acayro señala, en primer lugar, que Muguruza y Díez Muro decidieron el adjudicatario de uno de los alquileres antes de que se iniciara el preceptivo expediente de contratación. «Después 'KyK' le comunicó al responsable del departamento de Contratación municipal quién era la persona a la que habían decidido adjudicar el contrato». Y es que el administrador de la empresa titular de la nave compartió militancia política con el exedil en el PP. Según el instructor, 'KyK' dio esas indicaciones verbalmente y, además, le dio al responsable de Contratación un escrito, cuya autoría se ha comprobado pericialmente.

El magistrado recalca que el exconcejal del PP «ordenó» y «presionó» al funcionario de Contratación para que realizara un expediente de contratación de concurso público «a medida» del adjudicatario que ya se había decidido. Para ello, le obligó a incluir en el pliego de condiciones técnicas las características del local y, de acuerdo con el auto, esta persona se vio obligada a ello «por razones de dependencia jerárquica», y «para evitar consecuencias laborales perjudiciales».

El juez señala que, en el caso de la otra nave, la contratación fue verbal, «sin informe técnico que justifique su necesidad o idoneidad». El interventor municipal formuló hasta tres reparos de ilegalidad en el caso de esta otra lonja, ya que tampoco había ningún expediente de contratación. Pero Muguruza levantó esos reparos y ordenó que se pagaran las facturas del alquiler.

Acayro recalca que las adjudicaciones directas «perseguían evitar la concurrencia pública» con «el perjuicio objetivo» que ello supone, ya que el Ayuntamiento contaba con un local que le habían cedido por un convenio con una constructora, que tenía más metros. Pero ese local no lo usó el Consistorio, sino que se decidió «cederlo a un carrocista» para que lo destinara a almacén, incide el juez, que, por eso, imputa al exalcalde y a los exediles un «posible delito de malversación de fondos públicos».