PAGANOS

Rajoy TV, el modelo de televisión puesto en marcha por el Gobierno del PP, comienza temporada con una factura de 20 euros por hogar. Será el coste de la resintonización de la TDT. Iba a ser gratis gracias a los 1.800 millones de euros conseguidos de las telefónicas que se repartirán las frecuencias del dividendo digital abandonadas por la TDT. Pero en esta crisis económica y de ideas paga siempre el ciudadano y ganan siempre las grandes empresas.

El Gobierno vende muy ufano que rebajará de 800 a 300 millones la factura de la resintonización achicando las frecuencias en lugar de cerrar canales. Pero, ¿quién gana? El primero, el Gobierno, que fortalece su pacto con los dueños de los canales privados al no cerrar canales al mismo tiempo que desmantela las autonómicas y somete a TVE a una lenta agonía. Los segundos, el duopolio de Mediaset y la nueva Antena 3 una vez aprobada su fusión con La Sexta. Entre ambas se hacen con la mayoría del mercado y la audiencia, se eliminan opciones para los competidores y obligan a anunciantes y a público a someterse a su programación. Los terceros, Abertis y Overon: propiedad del propio Abertis y de Mediapro, accionista de La Sexta y de la nueva Antena 3. Entre las dos empresas concentran el 86 % de los ingresos por el transporte de la señal de TDT.

Perdedores: el público, esclavo de los designios del duopolio, uno de cuyos accionistas, el grupo Prisa, es dueño de Canal +, la principal televisión de pago; los anunciantes, con pocas opciones y sometidos a los precios y las pautas únicas de la televisión más concentrada de Europa; y la televisión híbrida con internet -por banda ancha, satélite o móvil-, tanto en los televisores conectados como en el resto de pantallas. La saturación de canales redundantes y de bajo coste estrangula un mercado sin capacidad de negociar programas para el vídeo a demanda.

Todo con la promesa de 20 euros por casa y los supuestos ahorros de la televisión pública en demolición. Siempre que la factura de la gestión privada no encarezca un maltrecho servicio público.