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NACHO CAVIA
Jueves, 18 de octubre 2012, 12:15
Este jueves termina el plazo para presentar alegaciones al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Gran Área de Desarrollo del Valle de Buelna, un proyecto que supondrá habilitar un millón de metros cuadrados al norte del valle para uso industrial, natural y urbanístico, incluyendo en este último campo la construcción de 510 viviendas de protección oficial. Precisamente en ese punto es donde el equipo de gobierno de Los Corrales de Buelna, presidido por la alcaldesa Mercedes Toribio (PP), discrepa. Y por eso ha planteado una alegación tendente a que el terreno que se destina a suelo urbano se dedique a otros usos o necesidades.
El gobierno popular alega que ya hay suficiente oferta de pisos sin cubrir en el casco urbano como para incrementar esa nutrida oferta en otras 500 casas, especialmente dada la difícil situación actual del mercado inmobiliario.
La intención del equipo de gobierno municipal era contar con la oposición y plantearla como una alegación del Ayuntamiento, pero no podrá ser. El grupo socialista ha avanzado que no secundará esa alegación. El concejal Roberto del Val explicó que la oferta que incluye el PSIR es de viviendas de protección oficial, algo que «escasea» en Los Corrales, por lo que mantuvo la necesidad de ese área urbana.
Dejarlo para el futuro
Por su parte el grupo regionalista ha coincidido con el PP en el análisis de la situación actual del mercado inmobiliario en Los Corrales de Buelna, insistiendo en la existencia de una amplia oferta de viviendas sin cubrir, que desde el PRC se estimo en unas 500. Pero los regionalistas se han preguntado a qué se destinaría el terreno destinado en el PSIR a las viviendas, unos 100.000 metros cuadrados. Incluso han adelantado sus dudas a la posible opción de destinar ese terreno al sector de la hostelería.
El portavoz regionalista, Luis Ignacio Argumosa, planteó como mejor opción dejar esa zona tal y como está calificada, algo que no implica, dijo, construir las viviendas sociales ahora, sino mantener esa posibilidad como un plan de futuro, a la espera de tiempos mejores. Incluso como lugar de residencia de los futuros trabajadores de las empresas que se radiquen en el área industrial de esa zona.
De todas formas, el PSIR es prácticamente una cuestión de obligado cumplimiento para el actual gobierno municipal. Se tramitó con gobiernos local y regional del PSOE y PRC y ahora el PP pretende adaptarlo a sus propios planteamientos de fomento de la industria y el empleo. Incluso urbanísticos, ya que el número de viviendas a construir era en un principio de 1.200 para dejar las expectativas a las 510.
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