La Junta General que quiere convocar el consejo se celebraría entre semana

El consejo de administración del Racing pretende consolidar el sueldo de su presidente, Ángel Lavín, y conceder también una remuneración a José Campos. Además, quiere neutralizar el acceso de los pequeños accionistas a las juntas generales -a partir de 2013-, a través de la modificación de los estatutos del club, y ejercer el derecho de acción social de responsabilidad contra el mánager deportivo, Manolo Saiz. Para conseguir estos objetivos, los responsables del club intentan convocar una Junta General Ordinaria para los días 19 y 20 de diciembre. Con esta finalidad, Ángel Lavín y Juan Antonio Berdejo convocaron «con carácter de urgencia» el pasado lunes un Consejo no presencial que incluía también «formar las cuentas anuales» y «delegar las facultades» para inscribir todos los acuerdos en el Registro Mercantil.

El orden del día de la Junta Ordinaria supone una auténtica carga de profundidad. En primer lugar, persigue 'legalizar' el sueldo a Ángel Lavín. El presidente del Racing reconoció a este periódico el pasado 4 de octubre que iba a percibir una remuneración del club, lo que en principio estaba prohibido por los estatutos. Para salvar este escollo, fue dado de alta en la Seguridad Social como director ejecutivo. Lavín aseguró entonces ignorar cuánto iba a cobrar. Sin embargo, algunas fuentes manejaron la cantidad de 199.000 euros, una cuantía que evitaría el examen de la comisión de seguimiento del convenio de acreedores.

La novedad reside ahora en que también José Campos va tener sueldo del club, según se desprende del tercer punto del orden del día. Campos cobraría en calidad de consejero de seguridad. Se da la circunstancia de que éste se encontraba actualmente casi desligado del club, tras sentirse desplazado por el fichaje de Sancho Michell como jefe de relaciones institucionales y por recibir alguna crítica de sus compañeros por «regalar entradas». El 4 de octubre llegó a manifestar que abandonaba el área social y que sólo continuaría como consejero de seguridad «hasta que me encuentren sustituto». El pasado sábado, sin embargo, reapareció de forma sorprendente en el palco de El Sardinero y ayer se dejó ver en el entrenamiento matutino de la primera plantilla celebrado en La Albericia.

Pero las intenciones del Consejo van más allá, ya que quiere limitar el acceso de los pequeños accionistas a las Juntas que se celebren a partir de 2013. «Para asistir a la Junta General será precisa la posesión de un número mínimo de acciones del uno por mil del capital social». Si esto es aprobado, a estas reuniones sólo podrían acudir los propietarios que tuvieran más de 1.391.675 títulos, el 0,1% de las acciones. Esto limitaría y mucho la presencia de los pequeños accionistas puesto que sólo WGA (Alí Syed), José Antonio González, la Asociación de Pequeños Accionistas (APR) y Pepín Nereo reúnen estos requisitos.

Eso sí, «será lícita la agrupación de acciones», que podrán ser representadas por personas ajenas al accionariado. Otra de las novedades que pretenden incluir es la reducción del número mínimo de integrantes para poder formar consejo de administración. Así se pasaría de los siete actuales a tres. El equipo de Lavín y Pernía han sufrido todo este tiempo para reunir a los consejeros necesarios para poder formar el máximo órgano de gobierno de la entidad.

Pulso contra Saiz

Al margen de todo lo anterior, otra de las intenciones de los gestores del Racing es aprobar «el ejercicio de acción social de responsabilidad» contra Manolo Saiz. Lavín y Berdejo han establecido una lucha contra el torrelaveguense, al que acusan de que la entidad haya dejado de facturar por publicidad al haberse opuesto a los más de veinte acuerdos que no firmó en el consejo escrito que le enviaron el 23 de agosto (incluido los contratos de algunos jugadores) y su no presencia el 28 del mismo mes al consejo presencial que quisieron celebrar en Barhéin.

Por último, en la Junta quieren «ratificar la intervención del Racing» en el juicio entre Alí y Montalvo «en aras de la seguridad jurídica necesaria para la ampliación de capital prevista en el plan de viabilidad para el cumplimiento del convenio de acreedores».