710 cántabras víctimas de la violencia de género viven bajo protección policial

Veían pasar los días con miedo. Sin alzar la voz. Sólo cruzar una mirada podía costarles una bofetada y el enésimo episodio de humillación. Pero decidieron plantar cara a su desgracia y empezar a vivir. En el primer semestre del año se presentaron en Cantabria 567 denuncias por violencia de género. Desde 2008 se han registrado un total de 5.352, a una media de 1.200 anuales, según las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial.

Ni las medidas legislativas, ni las campañas de concienciación, ni los medios de protección de este colectivo han podido mitigar esta lacra social, que sólo este año ha acabado con la vida de 38 mujeres en España. Lo que sí se ha conseguido es que «un problema privado que se resolvía, o mejor dicho se aguantaba, por la mujer de forma asilada en el ámbito familiar, se haya convertido en un problema social», explica Javier Amores, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Santander.

Los indicadores cuantitativos de violencia de género en la comunidad autónoma muestran una tendencia estable, con un dato a destacar: desde octubre de 2007, en que fue degollada por su marido una mujer de 76 años en una vivienda de Puente Arce, no se han producido muertes. No obstante, 710 mujeres viven bajo protección policial en Cantabria. De ellas, 19 (el 2,5%) están sujetas al sistema de seguimiento por medios telemáticos, un 26,9% menos que el año pasado (26). En el conjunto del país hay activos 761 equipos de detección de proximidad, que velan por la seguridad de la víctima al controlar que el agresor respeta la orden de alejamiento. Si la incumple, los transmisores se activan y una alarma da parte de la incidencia y pone en marcha el dispositivo policial.

Con una tasa de 38,5 denuncias por cada 10.000 mujeres -la media nacional está en 56-, Cantabria ha experimentado desde 2007 un leve pero progresivo descenso en el número de casos, que sólo invirtió la tendencia en 2010, con un aumento del 5%, frente al 1% registrado a nivel nacional. Entonces se alcanzó la cifra de 1.231 denuncias, un 5% más que el año anterior (1.172), recordando el aumento acumulado desde 2004. En la mayoría de los casos es la propia víctima quien interpone la denuncia, bien directamente en el juzgado (el 8%) o ante la policía (el 60%). En el 2% son los familiares quienes sacan a la luz el maltrato y en un 14% la denuncia es fruto de la intervención directa de la policía. Asimismo, los partes por lesiones son el origen del 8% de las denuncias -estos porcentajes corresponden a 2010, aunque se pueden extrapolar al periodo de análisis-.

El juez Amores resalta que Cantabria «es una de las autonomías donde se producen menos retiradas de denuncias». Así, por ejemplo, el año pasado sólo representaron un 5% del total -frente al 11,5% de media nacional-, un porcentaje similar al de 2010 y que dista poco de los balances de ejercicios anteriores. «Esto evidencia que la mujer cuando denuncia lo hace en la mayoría de los casos hasta sus últimas consecuencias. Decidida a ponerle fin a su problema», añade el magistrado.

Retirada de denuncias

No obstante, sigue habiendo una minoría que, empujada por la presión psicológica, económica o familiar, pero también por el miedo a las consecuencias de la denuncia, procede a la renuncia, deteniendo así el proceso policial o judicial abierto por su caso. Para evitarlo y que se mantengan firmes en su decisión es fundamental «que reciban el apoyo que necesitan y que estén acompañadas en este proceso», asegura Mª Ángeles Ruiz-Tagle, presidenta de la Asociación Consuelo Bergés, que hasta hace un año fue uno de los pilares de la atención integral a las víctimas del maltrato en la región.

La jefa del Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional en Cantabria, Arancha Renedo, comparte esta opinión: «El hecho de que casi no existan renuncias se debe a la total implicación de todas las instituciones y organismos existentes en Cantabria de cara a conseguir que estas mujeres se encuentren, desde el primer momento, arropadas, contando con todos los recursos y apoyos jurídicos, asistenciales y policiales necesarios para continuar hacia adelante, dejando atrás su vida anterior, de la forma menos traumática posible». El juez encargado de los casos de violencia sobre la mujer en Cantabria se muestra crítico con el actual marco normativo, que permite la posibilidad, contemplada en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de que la mujer o pareja de hecho del denunciado no declare contra éste en sede judicial.

«No tiene sentido que los malos tratos se califiquen como delitos públicos, es decir, perseguibles de oficio por jueces y fiscales, y se le dé la posibilidad de que el delito quede indemne porque a la mujer, coaccionada emocionalmente por las consecuencias que pueden derivarse contra su marido, decida finalmente no declarar, quedando sin fuente de prueba alguna, ya que los hechos suelen suceder dentro del domicilio familiar, sin testigos», dice.

La evolución de la violencia doméstica en los últimos años ha puesto de manifiesto un aumento del 23,7% -dato nacional- de casos protagonizados por menores. «Esto nos preocupa mucho», afirma Ruiz-Tagle, quien considera que la vía para poner freno a esta tendencia es «educar en igualdad y no dejar que los estereotipos se afiancen, porque da lugar a un desequilibrio de poder que se va agravando hasta que desemboca en violencia». Es por eso que considera que la eliminación de la 'educación para la ciudadanía' «ha sido un error». Arancha Renedo ratifica este incremento de denuncias en las que tanto la víctima como el autor son jóvenes, en edades comprendidas entre los 16 y los 20 años.

Las órdenes de protección solicitadas para las víctimas también se han reducido de forma progresiva en el último lustro, pasando de las 416 de 2008 a las 303 de 2011. En total, en la región se solicitaron hasta el primer semestre de este año 1.625, aunque aproximadamente el 35% de ellas fueron denegadas.

«El porcentaje de concesión de las órdenes de protección ha descendido, pero se debe fundamentalmente a que se trata de una decisión individual del juez, que valora las circunstancias de cada caso, no sólo las personales de los miembros de la pareja, sino de todo el ámbito familiar, y determina las posibilidades de ruptura efectiva de la convivencia, que en la mayoría de los casos suele ser suficiente para que no se produzcan hechos violentos entre ellos», añade el juez Amores.

Procesos judiciales

El número de asuntos sobre violencia de género ingresados en los juzgados de la región supera los 1.800 al año. En 2009 alcanzaron la cifra de 1.934, la más alta de los últimos cinco años. Atendiendo al tipo de delitos, «los más comunes son los relacionados con el maltrato de obra ocasional y habitual, contemplados en los artículos 151.1 y 173.2 del Código Penal, castigados con penas privativas de libertad superior a los 6 meses», afirma el juez Amores. También ha existido un incremento en los delitos de amenazas y coacciones, que «suelen darse sobre todo en las primeras fases de los procesos de ruptura matrimonial o relacional, cuando los miembros de la pareja discuten sobre la guarda y custodia de los hijos, uso y disfrute de la vivienda familiar y el importe de la pensión de alimentos a abonar por el progenitor que no se quede con la custodia permanente», añade.

Las estadísticas del Observatorio de la Violencia de Género revelan que la cifra de enjuiciados en la región se sitúa en torno a los 200 al año, con sentencias condenatorias en el 70% de los casos. A día de hoy, el número de presos que cumplen condena por delitos de violencia doméstica en Cantabria asciende a 66.