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M. Á.
Jueves, 13 de diciembre 2012, 11:44
Los tentáculos de la red dedicada al tráfico de anabolizantes, desarticulada este martes con la detención de sus presuntos cabecillas en Cantabria, alcanzan a trece provincias. Se trata de una macrooperación coordinada desde Madrid por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, dirigida por un juzgado de instrucción de Cantabria y que en estos momentos está bajo secreto de sumario. Tal y como ya informó este periódico, en la región hay once inculpados que fueron interrogados ayer, y aún se desconoce el número total de arrestos -que podrían rondar el centenar- practicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Málaga, Huelva, Córdoba, Jaén, Ciudad Real, Cáceres y Salamanca.
Se trata de una operación contra la venta de sustancias dopantes y prohibidas para el deporte, que en la región se ha saldado con la detención, entre otras personas, de los responsables de la farmacia de Luena, a quienes los investigadores acusan de obtener las medicaciones para su distribución ilegal. El martes por la tarde la pequeña población se vio sorprendida por el despliegue de efectivos de la Guardia Civil, que procedieron a registrar esta farmacia, situada en el barrio de Los Pandos, y a decomisar parte de sus existencias. La farmacia está regentada por un matrimonio de origen gallego que ahora reside en Puente Viesgo y que, según el alcalde, José Ángel Ruiz, «son una gente majísima y siempre hemos estado encantados con su servicio». Los vecinos, reconoció, no salen de su asombro, «llevan aquí ya varios años con esta farmacia, pero pienso que no se debe alarmar a la gente. Es un caso que de momento se está investigando».
Además, en Cantabria podría haber sido detenido, también, un empresario relacionado con el culturismo y se han llevado a cabo registros en domicilios de distintos municipios de la región. El resto de los arrestados son personas relacionadas con diversos centros deportivos y gimnasios de la capital cántabra.
En otros puntos de la geografía española, como en Salamanca, los detenidos fueron interrogados por agentes que ocultaban su rostro encapuchados, antes de pasar a disposición judicial.
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