Arranca el juicio contra los exalcaldes de Camargo Calva y López Lejardi

Nueve años de inhabilitación. A eso se enfrentan este lunes María Jesús Calva y Eduardo López Lejardi, exalcaldes de Camargo. La Fiscalía de Cantabria les acusa de «dos delitos continuados de prevaricación». Y todo por adjudicar los servicios de limpieza de espacios municipales sin contrato de por medio a la empresa Entidad Patrimonial S. L. A las nueve de la mañana arrancará el juicio, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, y los exregidores se sentarán en el banquillo para explicar su versión de los hechos. Pero el fiscal y los políticos no son los únicos protagonistas de esta historia. La agrupación La Unión se presenta como acusación particular y solicita diez años de inhabilitación para Calva y Lejardi. Y es que el colectivo, presidido por Rafael Sebrango, tiene en la lucha contra la corrupción su particular «caballo de batalla».

En el escrito de la acusación se especifica que «en 2003, Eduardo López Lejardi -en su condición de alcalde de Camargo- adjudicó a la empresa Entidad Patrimonial S. L. servicios de mantenimiento, control de accesos y atención al público» en instalaciones deportivas, centros de ocio y escolares. Igualmente, añade que «dicha adjudicación se efectuó de forma directa, sin haber realizado ningún expediente de contratación, prescindiendo por tanto del procedimiento establecido».

También se explica que, a partir de 2005, con Calva como alcaldesa, se adjudica el servicio de limpieza de pabellones deportivos a Ferrovial Servicios S. A, mientras «Entidad Patrimonial sigue facturando» por el mantenimiento de escuelas, institutos y espacios culturales.

«Perjuicio patrimonial»

Además, en el documento se reflejan «los sucesivos reparos de ilegalidad» que realizó el interventor del Ayuntamiento en cuanto a las facturas de los servicios. Éstas son unas 29, que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros. Por tanto, la acusación afirma que durante este período, el municipio de Camargo sufrió «un considerable perjuicio patrimonial» y solicita diez años de inhabilitación en el desempeño de cargo público para los dos exregidores. En el escrito de defensa de María Jesús Calva se esgrime que los hechos expuestos en el escrito de acusación son «una narración parcial» destinada a incriminar a la exalcaldesa. Asimismo, se asegura que los hechos «no constituyen delito alguno, ni tan siquiera infracción administrativa».

Por su parte, en el de Eduardo López Lejardi se explica que a los trabajadores que realizaban servicios de mantenimiento se les acababa el contrato y que «ante la imposibilidad de contratarlos directamente», el Consistorio contactó con Entidad Patrimonial S. L. para que ésta los contratase y se hiciera cargo de la prestación del servicio. Ambas defensas abogan por la inocencia de los exalcaldes y solicitan su libre absolución.

Mañana comparecerán los dos políticos así como el interventor municipal que realizó los reparos. Cabe destacar que el Juzgado de lo Penal número 2 ha rechazado la petición de las defensas de contar con los portavoces municipales de los mandatos de Calva y Lejardi como testigos, a los que se define en los escritos como 'portavoces', sin especificar sus datos.