Sólo dos parcelas frenan el avance del plan urbanístico de Los Corrales

La discrepancia entre gobierno y oposición sobre cómo enfocar el futuro de dos parcelas de suelo rústico ligadas ambas a una empresa de Los Corrales de Buelna está paralizando la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Cuando los grupos municipales reconocen que el acuerdo es al 99,9% no se equivocan, porque ahora mismo el final del plan se dirime solo sobre un terreno no demasiado extenso a la salida del pueblo, en el barrio de Penías, pasado el río Besaya.

Unos y otros se han enrocado en su postura y la situación amenaza con enquistarse. Todo por un terreno en el que se levanta una empresa que da trabajo a medio centenar de empleados y que podría tener intención de ampliar sus instalaciones, siempre que la calificación del terreno sea la correcta. De todas formas tampoco es de extrañar la situación, porque las diferencias entre PP y PSOE sobre el tema vienen de muy lejos. Ya en 2002 la empresa protagonista, sin quererlo, del lío urbanístico, se quejó de que la burocracia municipal no permitía su expansión. Y ya entonces la cuestión radicaba en la calificación del suelo sobre el que se asienta esa empresa.

Las cosas no han cambiado, excepto para sacar los colores al más pintado al recordar que la tramitación del futuro plan lleva camino de cumplir, en noviembre, 16 añitos. Sobre el fondo de las parcelas a debate, el PSOE acusaba esta semana al equipo de gobierno que preside Mercedes Toribio (PP) de dar marcha atrás en la tramitación del PGOU, llevando a comisión alegaciones que ya tenían dictamen favorable. Por su parte, la alcaldesa aclaraba que las alegaciones se sometían a debate no por petición del PP, sino por decisión del redactor del plan y el técnico municipal en Urbanismo, ante lo que habían intuido era una posibilidad de cerrar con éxito, por fin, la discrepancia sobre las famosas parcelas. Algo que, recordó Toribio, no se ha conseguido todavía y que, a raíz de la última comisión, está lejos de lograrse.

Porque mientras el grupo popular defiende un cambio en la calificación del terreno que deje vía libre a esa expansión y la posible creación de puestos de trabajo, el grupo socialista alega que no quiere en esa zona un nuevo polígono industrial. Uno quiere que dos parcelas rústicas sean urbanas industriales y otro que se mantengan como están.

En lo que están de acuerdo es en la necesidad de aprobar el plan sea como fuere, a pesar, según decía el presidente de la comisión, Serviliano González (PP), de que «no es nuestro plan, que lo hemos heredado con todas sus 'especialidades', del gobierno socialista-regionalista, y son muchos los aspectos con los que nosotros no estamos de acuerdo». Para añadir que «aun así no ponemos piedras en el camino, a pesar de que cuesta un poco llegar a entender el interés especial que se pone en esas parcelas por algunos».

La cuestión está en que ya hubo acuerdo plenario sobre la calificación de las dos parcelas como urbanas. Y, sobre todo, en que otros 36 kilómetros cuadrados, empresas de gran calado, vías, servicios, zonas verdes y futuro urbanístico en general están pendientes de una partida que, tal y como están las cosas, va camino de terminar en tablas. Claro que, después de dieciseis años de tramitación, cualquier cosa puede pasar.