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A. VERANO
Sábado, 2 de marzo 2013, 08:56
El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander ha condenado a un año de prisión a la exconcejala de Castro Urdiales Elisa Dopico por amenazar por teléfono a una funcionaria citada como testigo en un juicio en su contra.
Dopico ya fue condenada en junio de 2011 por otro juzgado santanderino por coaccionar a esta misma funcionaria. Entonces, la pena impuesta fue de dos años de cárcel, pero quedó suspendida a condición de que no volviera a delinquir en ese tiempo.
Y ahora la exconcejala tampoco tendrá que entrar en prisión, porque la pena es inferior a dos años y los hechos juzgados ocurrieron antes de dictarse la primera condena.
En esta ocasión Dopico ha sido condenada por llamar al departamento de Asuntos Sociales, en el que trabajaba la funcionaria, para pedirle que dejara de «decir mentiras» porque podía pasarle algo a ella o a su hijo.
Según se explica en la sentencia con esa llamada la exconcejala pretendía «amedrentar» a la trabajadora e «influir» en su testimonio en el proceso judicial abierto en contra de la edil y otras personas. Además, destaca que lo hizo pese a existir una medida cautelar que le prohibía comunicarse con la funcionaria por cualquier medio.
Por estos hechos, el Juzgado la condena a un año de prisión y multa de 3.750 euros por un delito de obstrucción a la justicia, otro de quebrantamiento de medida cautelar y una falta de amenazas.
Asimismo, la sentencia, que puede recurrirse, prohibe a Dopico comunicarse con la funcionaria o acercarse a ella, a su domicilio y a su lugar de trabajo por un plazo de seis meses, y la condena también a indemnizarla con 1.500 euros.
Un año de baja
La funcionaria del Departamento de Asuntos Sociales de Castro Urdiales, M. E. E., que denunció a la exedil de Sanidad de Castro afirmó en su momento «estar viviendo un auténtico calvario», después de haber estado más de un año de baja laboral como consecuencia del incidente que sufrió con la exedil. La funcionaria denunció ante la Guardía Civil haber recibido una llamada de teléfono en su lugar de trabajo, en la que una persona, a la que no pudo reconocer la voz, le decía que «dejara de decir mentiras por ahí y de meterse con la gente buena, o la podría pasar algo».
Tras ser preguntada por la Guardia Civil sobre los posibles motivos de esta llamada amenazante, la funcionaria explicó que desde que es testigo del 'caso Trapur', el de la presunta adjudicación a 'dedo' de los trabajado de desratización a la empresa Trapur, recibió amenazas por parte de Dopico, unos hechos que en el momento en que recibió amenazas telefónicas estaban pendientes de ser juzgados. La funcionaria de Asuntos Sociales no pudo llegar a reconocer la voz de la persona que la amenazó, con lo que la Guardia Civil tuvo que iniciar una investigación para esclarecer el caso.
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