Acayro detecta en Castro un desvío de fondos públicos de 4,5 millones

El magistrado Luis Acayro Sánchez ha emitido un nuevo auto en el que sostiene que en el Ayuntamiento de Castro Urdiales se produjo un desvío de fondos públicos sin cobertura legal en beneficio de funcionarios y personal laboral superior a los 4,5 millones de euros, entre los años 1999 y 2009, bajo el mandato de los exalcaldes Rufino Díaz Helguera (1991-2003), actual portavoz de Acuerdo por Castro, y Fernando Muguruza (2003-2011), motivo por el que se les imputa un presunto delito de prevaricación administrativa.

En su escrito de doce páginas, remitido a la Fiscalía para que informe sobre la necesidad de practicar nuevas diligencias, el instructor asegura que en el Consistorio castreño se han podido realizar numerosas contrataciones de personal «al margen de la legalidad», que determinados puestos claves en el organigrama municipal (Contratación, Disciplina Urbanística, Recaudación, Nóminas...) han podido percibir «sobresueldos» y que dichos puestos están ocupados por personas contratadas 'a dedo', sin que se haya convocado un concurso público de las plazas.

Acayro va más allá y afirma que se ha realizado un «desvío masivo» de fondos públicos sin cobertura legal a favor de funcionarios y personal laboral y que, en el caso de los primeros, se han abonado conceptos como 'bolsa de Navidad', 'Coso Blanco', 'complemento personal transitorio', 'gratificaciones por 25 años' o el complemento de 'productividad' «de manera lineal y periódica, y sin cumplimiento objetivo alguno». «Su amparo jurídico es el mismo que si se hubiese decidido abonar el 'complemento de la anchoa'», añade el juez al tiempo que dice que se han abonado tales conceptos también a personal laboral en base a un convenio de 1999 «no publicado y sin eficacia jurídica».

El magistrado señala que estos hechos han sido reiteradamente advertidos como «manifiestamente ilegales», tanto por los interventores como por la técnico de Recursos Humanos y el técnico de Administración General. «Constan en autos más de 70 advertencias a los responsables municipales sobre las múltiples ilegalidades que se estaban cometiendo y que han supuesto un desvío de fondos públicos en beneficio de funcionarios y personal laboral superior a los 4,5 millones».

Según Acayro, el organigrama que posibilita esta actuación dentro de lo que la propia técnico de Recursos Humanos denomina «organización sin organización», tiene como «piedras angulares» a Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, quienes en su condición de alcaldes y máximos responsables en materia de personal, «eran destinatarios de tales advertencias y eran indiciariamente conocedores de las ilegalidades que se estaban produciendo».

¿Más imputados?

El instructor castreño dice que está acreditado que Muguruza siguió abonando, en 2008 y 2009, esos 'sobresueldos' a dos funcionarios en concreto, con la posible cooperación de quienes en Pleno votaron a favor de darle cobertura jurídica a esos complementos. Por esta razón, Acayro da traslado de los hechos a la Fiscalía para que determine si procede citar en calidad de imputados a los concejales que votaron a favor de las partidas incluidas en los presupuestos de 2008 y 2009, a pesar de las cuatro advertencias de ilegalidad realizadas por la técnico de Recursos Humanos y el interventor municipal.

Los que también están imputados, además de los dos exalcaldes, son el recaudador municipal e interventor accidental, Gregorio Alcedo, y el funcionario Pedro Luis Arroyuelos.

Respecto al primero de ellos, el magistrado asegura que se ha beneficiado de esos sobresueldos a través de un 'complemento personal transitorio', «sin motivo ni título legítimo alguno que lo justificase», y que le ha supuesto un beneficio propio y correlativo perjuicio para las arcas públicas de cerca de 100.000 euros tal y como consta en el informe de intervención de la Agencia Tributaria.

Sobre Arroyuelos, empleado al que se le asignan funciones de responsable en la elaboración y tramitación de nóminas, el instructor dice que uno de los motivos que posibilita incluir los conceptos inexistentes en la legislación, es que el sistema informático presenta «importantes carencias». «En beneficio propio y correlativo perjuicio para las arcas públicas, se ha incluido en la nómina conceptos aplicados al resto de trabajadores de manera lineal y periódica, y, como propio de su puesto, el llamado 'complemento personal transitorio', por importe de 200.000 euros».

Acayro asegura también que otra de las beneficiarias de los sobresueldos es la funcionaria Yolanda Sánchez por resoluciones del tipo «páguese tal cantidad a esta persona por estar en 4º de Derecho».