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ABEL VERANO
Sábado, 27 de abril 2013, 02:49
Castro Urdiales. «Nos hemos quedado a cuadros. No entendemos qué ha podido pasar para que no nos hayan dejado hacer el examen. Se supone que el Ayuntamiento de Castro es el que ha comprobado previamente que cumplíamos los requisitos para optar a este puesto de trabajo». Con estas palabras expresaba ayer su incredulidad y malestar una de las cuatro aspirantes al puesto de director de la residencia municipal de ancianos de Castro Urdiales, después de que el tribunal calificador decidiera suspender la prueba porque, al parecer, tres de las cuatro candidatas, todas ellas mujeres, no cumplían uno de los requisitos necesarios para obtener el puesto.
Las candidatas estaban citadas a las 9.30 horas, en la sede del Icass para la baremación de los méritos; y, posteriormente, a las 11.00 horas, tenían que exponer una memoria y realizar una entrevista semiestructurada. La mala noticia llegó sobre las 11.30 horas. El tribunal citó a las cuatro candidatas y les comunicó que tres de ellas no cumplían con la experiencia laboral previa de cinco años como empleado público (grupo A1 o asimilado) de cualquier Administración Pública o la de profesional del sector privado.
Las tres afectadas no podían dar crédito a lo que estaban escuchando y menos, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Castro Urdiales, responsable de la selección de candidatos, había publicado el pasado 10 de abril un anuncio por el que aprobaba el listado definitivo de aspirantes admitidos en base a una serie de requisitos también publicados en el BOC. Entre ellos, se requería estar en posesión de titulo universitario superior en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales o Jurídicas o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
Además, se pedía estar en posesión de una formación específica equivalente a 300 horas en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia, así como en dirección y gestión de centros de atención a la misma, de conformidad con la normativa aplicable a la dirección de centros de esta naturaleza radicados en Cantabria.
Diez días para recurrir
El tribunal calificador, presidido por Nicolás Peña Sarabia, funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo Superior del Gobierno de Cantabria y médico especialista en Geriatría, comunicó a las tres aspirantes afectadas que el próximo lunes se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castro las razones por las que se ha decidido suspender la prueba, al tiempo que se dará un plazo de diez días para poder recurrir la decisión y que se aporte la documentación necesaria.
«Nos han hecho venir a Santander para decirnos que no podemos hacer el examen porque no cumplimos un requisito. ¿Por qué no nos lo dijeron en el Ayuntamiento de Castro, si realmente es así? En mi caso he acreditado haber trabajado más de cinco años en una administración pública, así que no entiendo qué ha podido pasar», comentaba indignada una de las aspirantes afectadas, que avanzó que presentará el correspondiente recurso.
Desde el Ayuntamiento castreño, la concejala de Asuntos Sociales, Guadalupe Liendo (PP), señaló ayer que el lunes se reunirá con la secretaria municipal y componente del tribunal calificador, Alicia Maza, y la técnico de Recursos Humanos, para aclarar este asunto.
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