Un perito judicial dice que Castro perdió 16 millones por una reducción de suelo

El arquitecto del Gobierno regional, Jesús Molinero, ha elaborado un informe en calidad de perito judicial, a instancias del juez Acayro, en el que asegura que el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha perdido 2.355 metros cuadrados para equipamiento escolar en la parcela de Cotolino donde se pretende levantar el nuevo instituto, y otros 9.469 metros de espacios libres, en concreto, en el Parque Arciseri. Esta reducción de suelos de cesión obligatoria habría supuesto una pérdida económica para las arcas municipales de unos 16,3 millones de euros, teniendo en cuenta que los 9.469 metros de espacios libres son urbanizables, un hecho que no está claro según el Ayuntamiento, que considera que ese terreno es rústico y está afectado por el POL (Plan de Ordenación del Litoral).

El perito asegura en su informe que el Ayuntamiento de Castro ha sufrido un «grave perjuicio» en sus intereses en la tramitación, gestión y ejecución del Área de Planeamiento Diferido Nº2 (APD-2), una superficie de 23 hectáreas situada en el barrio de Cotolino, a las afueras de la ciudad.

Según señala Molinero, la mercantil Norcasa (propietaria del 92% del suelo) promovió el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano del APD-2, que fue redactado por Dirsur, tramitado por el Ayuntamiento de Castro, y finalmente, aprobado definitivamente por el Consejo del Gobierno de Cantabria, el 1 de junio de 2000. «Del contraste entre los contenidos en la Memoria del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y los del Plan Especial del APD-2 se comprueba que existe un reducción de 9.469 metros cuadrados de suelo (...) Superficie que debería haberse obtenido como cesión obligatoria al Ayuntamiento de Castor. Esta reducción de las cesiones obligatorias de suelo significa, tanto una modificación del PGOU, como un beneficio injustificado para la promotora».

El perito judicial asegura, además, que los proyectos de compensación y urbanización que desarrollan el Plan Especial no se ajustan ni al Plan General ni al propio Plan Especial, al tiempo que señala que las «numerosas licencias municipales de obras y primera ocupación, concedidas hasta el momento, vulneran el PGOU y la Ley de Cantabria». Por último, habla del perjuicio ocasionado por no ejecutarse el depósito de agua del Monte Cueto.

La posición del Gobierno

El portavoz del PSOE, Daniel Rivas, explicó ayer que una vez que el Ayuntamiento ha recibido este informe, lo trasladará al Gobierno de Cantabria para que se posicione, ya que fue el que aprobó el Plan Especial. Asimismo, se ha solicitado información al Juzgado sobre donde deberían estar esos 9.469 metros de sistemas generales, y se ha pedido a los técnicos municipales que informen sobre las consideraciones del perito judicial.