Los Corrales ordena la paralización de la actividad en Talleres Robledo

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha decretado la demolición de una parte del conjunto de naves de la empresa Talleres Robledo, que se levanta en el polígono industrial de Barros, y amenazado con la paralización de una actividad que vienen realizando actualmente sus 35 empleados. El motivo de esta actuación es la apertura de un expediente de disciplina urbanística, que el Consistorio incoó a principios de este año, por haber construido una nave de 500 metros cuadrados sin licencia, y por ocupar un terreno público para hacer un aparcamiento.

Los hechos, denunciados a partir de la declaración de un extrabajador, han sido admitidos por la propiedad de la empresa.

Su portavoz, Fernando Robledo, ha reconocido «ambas ilegalidades» aunque también ha asegurado que «disponemos de los proyectos para su normalización». No ocultó su «sorpresa» por el hecho de que el Ayuntamiento le remitiera el decreto de paralización y demolición «sólo un día después de haber concertado una entrevista con la alcaldesa y los técnicos municipales» para el próximo día 11 de julio, «y tras asegurarnos que hasta entonces no se tomaría ninguna decisión».

Admite los hechos

El propietario reconoció haber construido «una nave de 500 metros cuadrados sin la preceptiva licencia». Igualmente, y de otro lado, admitió que «en un espacio situado detrás de nuestras naves, donde había un vertedero de propiedad municipal, acordamos verbalmente con el anterior alcalde hacer un aparcamiento de uso compartido».

Fernando Robledo aseguró que su empresa revertirá este terreno al municipio y que ya tiene el proyecto para legalizar lo construido indebidamente «así como la intención de demoler voluntariamente la parte de la nave que quede fuera de ordenación -tres metros lineales- que es la distancia que debemos dejar entre la construcción y el terreno colindante».

Después de trasmitir esta voluntad al Ayuntamiento de Los Corrales -que se ha sentido «agobiado» por las continuas denuncias del extrabajador de Talleres Robledo- y siempre siguiendo el argumentario de los empresarios, «pedimos una reunión a la alcaldesa del municipio, Mercedes Toribio, para seguir sus instrucciones sobre lo que es susceptible de ser legalizado y lo que ha de derribarse».

El complejo Talleres Robledo lo forman naves industriales que ocupan unos 3.000 metros cuadrados, de los cuales 500 metros han sido construidos sin permiso.

En la sede de la empresa -que tiene una delegación en Santander- se ha recibido un oficio del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna firmado por la alcaldesa el 26 de junio, ordenando el «cese inmediato» de las actividades industriales de Talleres Robledo «y la demolición de la nave construida sin licencia», en el plazo de un mes, «por ser incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana», especifica el decreto. El Ayuntamiento les ha informado que con esta actuación se acaba la vía administrativa por lo que ante la misma «se podrá interponer recurso de reposición o impugnarla ante la Sala de lo Contencioso Administrativo».

Robledo dijo entender que el Ayuntamiento «se sienta presionado por un particular» pero, con todo, «nuestro objetivo es solucionar el problema». Su propuesta es hacer una segregación de la parcela donde se encuentra la nave ilegalmente construida, proceder a su legalización, mediante la presentación de un proyecto, «y demoler aquella parte que no se adapta a las normas urbanísticas».

Un mes de plazo

El empresario pide al Ayuntamiento «que nos dé un poco de tiempo para hacer las cosas bien y que no nos atosigue con ningún decreto, sometiéndonos a una presión brutal». Y es que, asegura, «la alcaldesa nos dio una semana para presentar la documentación y al día siguiente recibimos la notificación ordenando la demolición y amenazándonos con suspender la actividad». Robledo espera que «esto no llegue a ocurrir porque entonces no nos quedaría más remedio que hacer un expediente de regulación y marcharnos todos al paro».

Por su parte la alcaldesa corraliega, Mercedes Toribio, mostró ayer su «preocupación», especialmente «por el mantenimiento de la actividad empresarial y, sobre todo, de la treintena de familias que dependen de esa empresa» y ha sugerido que no se aplicará la orden municipal «si la empresa presenta en tiempo y forma su recurso» ya de que lo contrario «la orden se hará efectiva» en el tiempo establecido.