Castro ya piensa en otra empresa para continuar la redacción del Plan General

El equipo de gobierno de Castro Urdiales (PP, PRC y Anexión a Vizcaya) ya da por hecho que tendrá que ser otra empresa la que se haga cargo de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de que la actual adjudicataria, la UTE Mecsa-San Andrés, haya entrado en liquidación, según señaló el concejal de Urbanismo, Aitzol Zuazo (PP).

Desde el pasado mes de diciembre, fecha en la que técnicos de Urbanismo mantuvieron un encuentro con los redactores del Plan General, el Ayuntamiento castreño no ha vuelto a tener noticias de la empresa.

Ante esta situación, la Junta de Gobierno decidió remitir dos requerimientos a la adjudicataria para que se personase en el Ayuntamiento. A día de hoy, y según confirmó el propio edil de Urbanismo, la empresa «no dado señales de vida». Razón por la que el equipo de gobierno ya ha solicitado al Departamento de Contratación para que informe sobre el siguiente paso a seguir.

En principio, caben dos opciones. La primera, que sea la segunda empresa que obtuvo más puntuación el concurso realizado en 2007, la que continúe con los trabajos presentados hasta ahora, y que se limitan a un simple borrador. La otra opción pasaría por convocar un nuevo concurso. Pero esta es la solución que menos gusta al concejal de Urbanismo, entre otras cosas, porque puede suponer que alguna de las empresas que se presentó al concurso en su día reclame al Ayuntamiento. «Por no decir que la convocatoria de un nuevo concurso supondría un retraso en el proceso».

Lo que tienen claro desde el Ejecutivo local es que esta situación hay que resolverla «cuanto antes». Una preocupación que también manifestó la oposición durante la pasada Comisión Especial de Control, Seguimiento y Vigilancia de la Contratación, en la que acordaron solicitar un informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para que se detalle si el contrato se encuentra en vigor y si se han llevado a cabo «incumplimientos» que puedan derivar en una resolución del mismo. Y es que el periodo de ejecución de los servicios era de 22 meses pero, lamentan los socialistas, «seis años después seguimos sin tener el Plan General».

Reclamación de la empresa

El concejal de Urbanismo ya reveló hace unos meses que la empresa había solicitado un adelanto de 58.000 euros para continuar la redacción del Plan. No obstante, desde el Ayuntamiento se contestó asegurando que si quería cobrar esa cantidad, para la que hay una asignación presupuestaria, debería entregar el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), un documento que el Ayuntamiento castreño deberá someter a exposición pública. Por su parte, la empresa advirtió al Ayuntamiento de que no continuaría con su trabajo si no cobra dicha cantidad. Aunque ahora la situación económica de la empresa es la que ha provocado que el proceso se bloquee.

El concejal de Urbanismo ya ha señalado en varias ocasiones que el nuevo Plan General irá encaminado a buscar dotaciones deportivas, un colegio, un instituto... «Necesitamos nuevos equipamientos», resume. Aunque también deja claro que más que redactar un nuevo Plan General, lo que necesitaría el municipio es modificar el actual.

Zuazo reconoce que desde su entrada en el Departamento de Urbanismo, hace ya dos años, han sido varias las unidades de ejecución, «mal desarrolladas», que han tenido que subsanarse o que se encuentran en vías de solución por problemas administrativos. La conocida unidad de ejecución 1.34, donde se paralizó por dos ocasiones la construcción de 150 viviendas y un supermercado, es uno de los ejemplos que aduce el concejal.