¿Quién paga el rescate?

Cuando se pone en marcha un operativo de búsqueda de esta envergadura resurge la polémica discusión sobre quién sufraga los gastos del rescate en un percance ocurrido durante la práctica de un deporte de riesgo. El año pasado el Gobierno de Cantabria volvió a plantearse la posibilidad de cobrar estos gastos a los deportistas negligentes y no federados -en el caso de los federados respondería su seguro, ya que los costes de los rescates se incluyen dentro de la póliza colectiva-. Sin embargo, esta medida, contemplada ya en 2010 por el Ejecutivo anterior y sujeta a conductas «imprudentes», nunca se ha puesto en práctica. Y es que la clave está en determinar qué se considera negligencia y quién se encarga de valorar si la hubo o no.

Las tasas para la prestación de servicios de Protección Civil y Espeleosocorro en Cantabria incluyen las labores de extinción de incendios, rastreo, salvamento y rescate de personas en cuevas y cavidades (espeleosocorro y rescate vertical), hundimiento o derrumbes de edificios y obras civiles e inundaciones. Las tarifas a aplicar se calculan según el personal y los medios técnicos movilizados -por una dotación completa de un parque de emergencias se cobrarían 361 euros la primera hora- y por los servicios prestados por el helicóptero del Gobierno regional -1.808 euros la primera hora y otro tanto por la segunda o fracción de hora de trabajo-. Asimismo, habría que añadir otros 108 euros por el establecimiento del dispositivo de búsqueda del Servicio de Emergencias de Cantabria, más 54 euros por cada hora adicional, y, en un caso como el de Soba, otros 540 euros por la contratación de un equipo de Espeleosocorro -el coste se elevaría otros 108 euros cada hora hasta el final de la intervención-.

En otras comunidades autónomas, como el País Vasco, han encontrado la fórmula para aclarar en qué circunstancias es el afectado el que tiene que correr con los gastos. Así, la tasa de rescates aprobada a finales de 2011 por el Departamento de Interior del Gobierno vasco, que cuenta con el rechazo frontal de las federaciones vascas de espeleología y montaña-ésta última ha recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional-, establece que se cobrarán todos los deportes calificados de riesgo (quedan excluidos el montañismo y el senderismo, en los que sólo se cobraría si han desatendido una alerta metereológica que desaconsejaba la salida o bien hubiesen invadido una zona peligrosa o de acceso restringido). En total, el Gobierno vasco ha cobrado ya más de 7.000 euros por estas operaciones. El coste fijado es de 37 euros por cada agente que participa en el operativo, 39 por vehículo y 2.155 por la movilización del helicóptero. El tiempo máximo que se puede facturar por un rescate es de cuatro horas, aunque de esta ley de tasas vasca están exentos de pagar los discapacitados psíquicos, los menores de 16 años y las personas que fallezcan practicando la actividad. También Castilla y León y Navarra han empezado a aplicar un canon con el objetivo de atajar las conductas imprudentes y fomentar la federación. Así, Castilla y León cobra ya por aquellos rescates en montaña que estén motivados por no atender a los avisos o alertas meteorológicas, por adentrarse en zonas prohibidas o por no ir equipado de acuerdo a la actividad que se realiza.

Ayer, preguntados sobre la posibilidad de cobrar el operativo de Rubicera, los efectivos del Greim se limitaron a responder que «esto es nuestro trabajo». De lo que no hay duda es de que no lo tendrán que pagar los espeleólogos rescatados.