Santoña cede de forma gratuita el antiguo ayuntamiento para instalar el juzgado

El edificio que hasta hace unos meses era la sede del Ayuntamiento de Santoña será cedido gratuitamente al Gobierno de Cantabria para usos relacionados con la administración de justicia, o lo que lo mismo para albergar los juzgados del municipio. La propuesta se aprobó ayer de manera inicial en Pleno con el visto bueno del equipo de gobierno tripartito y el edil de UPyD mientras que los socialistas y la concejala no adscrita alzaron sus manos en contra ya que argumentaron «no se puede regalar un inmueble que es patrimonio municipal».

Tanto el portavoz de los socialistas, José Ramón Badiola, como Nanda Linares reclamaron que esta cesión debe llevar aparejada una compensación económica. De no ser así, añadió la edil no adscrita, «se debe exigir un compromiso para que los juzgados, la fiscalía y los forenses se queden en la villa».

Badiola, por su parte, aseguró que «es exigible que los juzgados tienen que estar en Santoña porque nos pertenecen y además en condiciones dignas». A ello, sumó, «que el patrimonio municipal tiene un precio, en concreto el edificio del antiguo ayuntamiento está tasado en 2,2 millones de euros, y no se pueden regalar». «Hay que defender los intereses de los vecinos», apostilló. PRC y Falange expresaron que esta cesión es «beneficiosa para el pueblo» mientras que Alicia Fontecilla tomó la palabra para dejar claro que «no es un regalo sino un cesión» y en el convenio que se firme se plasmará que, cuando finalice su uso, revierta el edificio tal y como va ocurrir con el que ahora es sede judicial.

«Servicios necesarios»

Para la popular los juzgados son unos «servicios necesarios» y defendió que «la posibilidad de ampliar el juzgado con este nuevo edificio son muchas y muy interesantes. Todos nuestros esfuerzos se dirigen a que se mantenga y se recuperen otros servicios judiciales», concluyó.

A lo largo de la sesión también se acordó con el apoyó de todos los grupos, a excepción de los socialistas, la propuesta de recuperación de la competencia sancionadora en materia de tráfico en la parte correspondiente a las multas que no lleven aparejadas la retirada de puntos.

Esta competencia -que supone gestionar el cobro de multas- fue cedida por el PSOE en el año 2002 por «falta de medios» a la Jefatura Provincial de Tráfico y ahora se quiere recuperar con el objetivo de que el dinero que se recauda en ese sentido «revierta en las arcas municipales». Los socialistas criticaron que si entonces no había recursos, ahora «hay menos y peores» y preguntaron por la forma de gestión ya que «si la intención es darlo a una empresa externa no habrá tal beneficio». Algo, que desde el equipo de gobierno, explicaron que se abordará en una segunda fase.

En el debate plenario, que se prolongó por espacio de cinco horas y media se abordaron mociones varias entre ellas las presentadas por Nanda Linares, quien denunció a través de ellas «que se le está privando de sus derechos como edil no adscrita». El tema originó tensos debates en los que el gobierno aseguró que la «voluntad es solucionar su nueva situación de la mejor manera posible, respetando sus derechos y de los otros 16 concejales y cumpliendo con la ley». Y es que la alcaldesa insistió en que la jurisprudencia no es del todo clara en algunos aspectos de los ediles no adscritos.