El Tribunal de Cuentas investiga la gestión de la Junta de Sámano

El Tribunal de Cuentas ha abierto una nueva investigación en Castro Urdiales. En concreto, sobre la gestión de la Junta Vecinal de Sámano respecto a la subvención de 913.266 euros que recibió del Ayuntamiento de Castro en 2008 del canon del agua y con la que debía llevar a cabo diferentes obras relacionadas con esta materia.

Este caso, que ha caído en manos de la Sección de Enjuiciamiento, tiene su origen en una denuncia que realizó el pasado año el viceinterventor municipal, Fernando Martínez, quién aseguró que había algunas juntas vecinales que «no cumplen la ley de contratos».

El funcionario señaló, en el transcurso de un pleno, a varias pedanías en el punto en el que se aprobó la ampliación del plazo para que Sámano, Otañes, Mioño y Ontón justificasen correctamente las inversiones realizadas con la subvención de 2,7 millones de euros, del canon del agua, que se repartió entre todas las pedanías salvo Santullán, que discrepó en la valoración económica realizada.

A raíz de estas declaraciones del viceinterventor, el magistrado Luis Acayro Sánchez, llamó declarar el funcionario y como consecuencia de ello, imputó al expedáneo de Otañes, Francisco González, y a varios vocales de la Junta Vecinal, que el pasado mes de julio fueron condenados, por el Juzgado de lo Penal, a siete años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Ahora, el Tribunal de Cuentas ha enviado dos escritos dirigidos al Ayuntamiento de Castro con el objeto de que remita información relativa a la subvención concedida en 2008 a la Junta Vecinal de Sámano, una copia del convenio regulador de la subvención y la regularización de la situación jurídica de los bienes afectos al Servicio de Gestión del Agua, toda la documentación relativa al requerimiento, por parte del Ayuntamiento, de subsanaciones de la justificación aportada, así como el escrito de solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las obras y de presentación de las justificaciones formulada por el pedáneo. Asimismo, ha reclamado al Ayuntamiento nombre, apellido, DNI y domicilio de los concejales que votaron a favor de prorrogar el plazo de ejecución de las obras, así como del alcalde, interventor, secretario y miembros de la Comisión de Hacienda.

El edil de Hacienda, Javier Muñoz (PP), confirmó ayer que toda esta documentación ya ha sido remitida al Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que se solicitaba con carácter «urgente», tal y como consta en el escrito que se registró en el Ayuntamiento el martes.