El Tribunal de Cuentas investigará las obras de saneamiento de Allendelagua

El Tribunal de Cuentas ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Castro Urdiales en el que pone de manifiesto que, en el ejercicio de su función fiscalizadora, ha detectado varias incidencias en la ejecución del contrato de la primera fase del saneamiento del barrio de Allendelagua, adjudicado a la empresa Ascán, por 377.575 euros en 2011.

La sección de Fiscalización, que ha dado un plazo de siete días al Consistorio castreño para que formule las alegaciones y aporte los documentos que se estimen pertinentes, asegura que hay tres documentos que no obran en el expediente de este contrato como son el acta de comprobación del replanteo, el expediente de prórroga del contrato y el acta de recepción complementario. Además, el Tribunal de Cuentas ha realizado una serie de observaciones en relación al desarrollo de dicha obra. En primer lugar, señala que en mayo de 2011 se suscribió el contrato de las obras, que se iniciaron al mes siguiente, aunque días antes de la fecha prevista de finalización de las obras, la adjudicataria solicitó una prórroga de tres meses, «lo que significaba duplicar la duración del contrato».

En noviembre de 2011, según relata la sección de Fiscalización, la dirección de obra señala la necesidad de redactar un modificado y un complementario para llevar a cabo el soterramiento de la red de electricidad y telecomunicaciones, entre otras actuaciones, «lo que pone de manifiesto la deficiente elaboración del proyecto previamente aprobado». El visto bueno de estos dos expediente se prolongó nueve meses al no contar inicialmente con los informes favorables de la Secretaría General y la Intervención. Finalmente, mediante decreto de Alcaldía se aprobaron ambos proyectos.

El caso es que la modificación se formaliza el 29 de agosto de 2012, emitiéndose en esa misma fecha una factura de 74.882 euros, coincidente con el importe del modificado, «de lo que se deduce que dichas obras se ejecutaron con anterioridad a su formalización». El Tribunal de Cuentas sostiene que esta modificación «alteraba las condiciones esenciales de licitación y adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, al exceder del 10% del precio de adjudicación del contrato».