Abogados, jueces y hasta el fiscal superior muestran su rechazo a la Ley de Tasas

La concentración convocada a nivel nacional por la plataforma 'Justicia para Todos' para manifestar el rechazo a la Ley de Tasas congregó ayer en el complejo judicial de Las Salesas a unos doscientos profesionales de la Administración de Justicia, entre abogados, jueces, secretarios, fiscales, procuradores y sindicatos. La protesta pretendió mostrar el «rechazo unánime» a esta ley, exigir que se derogue o, al menos, que se modifique de tal forma que permita a los ciudadanos acceder a la Justicia con unas tasas asumibles, según explicó el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Jesús Pellón. La iniciativa contó con el respaldo de autoridades como el nuevo fiscal superior -aún en funciones-, José Ignacio Tejido; y miembros de la judicatura como el juez decano de Santander, José Arsuaga, y los magistrados Rubén López-Tames, Javier de la Hoz y Jaime Anta, entre otros.

En este primer año de la Ley de Tasas los profesionales de la Administración de Justicia ya han notado su efecto: «La gente tiene que conformarse con situaciones de injusticia porque no tiene dinero para ir a los juzgados», con casos tan claros como los 800 euros que cuesta impugnar una pensión alimenticia en casos de divorcio, aunque ésta ni llegue a los 200 euros; o los 10.000 euros que puede valer llevar un procedimiento hasta el final para reclamar la indemnización por un accidente de tráfico en el que la víctima se haya quedado tetraplégica. Las tasas que hay que pagar, además, no se devuelven ni aunque luego se gane el pleito y ya está ocurriendo que se están dejando de recurrir multas para no tener que pagar la mitad del importe como tasa.

Son algunas de las reflexiones escuchadas durante la concentración, en la que jueces y magistrados también se sienten directamente afectados por la Ley de Tasas, «porque han sido privados del conocimiento de miles de injusticias y quejas de los ciudadanos», según el manifiesto de la protesta. Advierten de que la esta ley no ha penalizado ni el mal uso ni el abuso de la Justicia, «las empresas y los ciudadanos en situación holgada no han sido privados de ningún derecho», y que además se ha favorecido el abuso y la impunidad de las Administraciones públicas, porque están exentas de pago. Todos hablan del efecto disuasorio sobre los ciudadanos y también de que estas tasas, aunque fueron vendidas así, no están siendo tan rentables, «hasta septiembre se han recaudado 103 millones de euros, muy lejos de los 306 previstos», dice el manifiesto. Además, critican la «pésima» gestión que se está haciendo de la recaudación y que, en suma, lo que se ha conseguido es «la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

Por último, piden al Tribunal Constitucional que «agilice su respuesta» a los recursos interpuestos y reclaman al Gobierno que se escuche la voz de los colectivos afectados y los profesionales de la Justicia en cuestiones que afecten al Estado de Derecho. «Han de valorar el hecho sin precedentes de que todos los actores reales de justicia continuamos unidos», destacan.