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A. VERANO
Miércoles, 5 de febrero 2014, 01:45
El Ayuntamiento de Castro Urdiales acordó ayer la derogación del plazo de ampliación para que las juntas vecinales de Sámano, Otañes, Mioño y Ontón justificasen adecuadamente las inversiones realizadas con cargo a las cantidades recibidas en 2008 del canon del agua dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento castreño, que repartió un total de 2,7 millones de euros entre todas las pedanías, salvo Santullán, que no lo firmó por discrepar en la valoración económica realizada.
La Corporación decidió durante el pleno celebrado en marzo de 2012 ampliar hasta el 30 de abril de 2015 el plazo para la ejecución de las obras, y hasta el 15 de mayo del mismo año para la justificación de las facturas correspondientes.
La decisión de anular esta prórroga se tomó después de que el Tribunal de Cuentas pidiera al Ayuntamiento -en el mes de noviembre- documentación sobre la subvención que concedió a la pedanía de Sámano en 2008 por el canon del agua, así como el nombre, apellido, DNI y domicilio de los concejales que votaron a favor de prorrogar el plazo de ejecución de las obras.
«Fue entonces cuando la secretaria municipal analizó este acuerdo y detectó que no era conforme a derecho, por lo que debía anularse», explicó ayer el concejal de Hacienda, Javier Muñoz.
Ahora, el Pleno deberá acordar la lesividad de ese acuerdo de 2012 y trasladarlo para su resolución al contencioso administrativo, ya que el concejal da por hecho que las cuatro juntas vecinales afectadas por esta decisión defenderán sus intereses ante dicho juzgado.
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