Atasco fecal

Rosabel y su hija estaban comiendo cuando escucharon un estruendo procedente del cuarto de baño. «Era como un rugido al vacío», describió la madre. Tras el trueno, surgió la materia que lo provocaba: kilos de densidad fecal saliendo a borbotones por el inodoro y por el desagüe de la bañera, que al llenarse acabó desparramándose por el suelo en una marea marrón que alcanzó el salón. Tanta cantidad procedía de los otros pisos, donde cada vez que se duchan o tiran de la cisterna, las aguas acaban en la primera planta, en casa de Rosabel. Ocurrió el sábado. Primero fueron operarios a intentar desatascar la tubería, luego una chupona... cada día se intentó una manera de solucionar la avería en la bajante, sin que, hasta ayer, se acabara el problema.

El de esta familia no es un mero contratiempo de fontanería, sino que encierra la peculiar historia del edificio en el que se produjo, situado al principio de la calle Cajo, detrás de los Talleres Municipales. El viejo inmueble de veinte viviendas fue construido hace algo más de medio siglo por el Ayuntamiento de Santander para dar casa a los bomberos y otros trabajadores municipales con un alquiler simbólico, que llegó inalterable hasta la actualidad: 2 euros al mes. Podían disfrutar de estas casas y de estas condiciones los empleados y sus cónyuges, y no se contemplaba un uso hereditario de las mismas.

Rosabel es hija de bombero y nació en ese piso hace 52 años. Ahí formó a su propia familia y sigue aunque su padre haya fallecido hace 19 años. Ahora vive con su marido -ambos son pensionistas-, sus dos hijos -que están en el paro- , tres perros y nunca se les comunicó que tuvieran que irse. «Vivimos aquí, pagamos el alquiler y los recibos», defendió ayer Rosabel, que fue a exigir al Ayuntamiento de Santander que se hiciera cargo de la reparación de la tubería de fecales porque el edificio es de su propiedad «y el mantenimiento es su obligación».

Poca inversión

Pero la respuesta que obtuvo esta vecina no acabó de solucionar la avería, porque «no quieren invertir dinero en este edificio, y los técnicos dicen que es necesario cambiar toda la bajante, no vale una simple reparación, porque hace mes y medio ya nos pasó lo mismo», lamentó. «Pero en el Ayuntamiento dicen que no estamos aquí legalmente» y piensa que todo obedece a «que quieren que nos marchemos».

Así que llevan desde el sábado «usando ambientadores, sin poder ducharnos, orinando en el prado y lo otro, en un cubo, y pidiendo a los vecinos que no tiren de la cadena, pero cuando lo hacen...».

Consultado por esta situación, el concejal de Urbanismo, César Díaz, explicó que este edificio está fuera de ordenación «y está llamado a ser derribado», porque se incluye en el proyecto de remodelación urbana previsto para la parcela de Cajo, así que no se pueden hacer grandes inversiones en él, «solo acometer pequeñas cosas de reparación». Y esto es lo que se está intentando con la vivienda de Rosabel: «mandamos a gente de los Talleres Municipales, pero no pudieron arreglarlo. Luego a la empresa del seguro de los edificios municipales, que fueron con una chupona y tampoco, tenían que entrar por otro piso y el vecino no estaba, así que cuando esté volverán...», resumió.

Ayer Rosabel volvió al Ayuntamiento porque todo seguía igual, preocupada porque el día festivo y el fin de semana podrían prolongar su problema demasiado tiempo. Y el concejal insiste en que, al menos, el Ayuntamiento «ha puesto sus medios y los de su seguro para solventarlo», aunque esta familia «quizá no tenga derecho a residir ahí y estar en las mismas condiciones que su padre».

Ahora, el Ayuntamiento de Santander va a «analizar la ocupación» real de esas viviendas de Cajo para saber quién vive en ellas hoy en día, si responde al perfil para el que estaban destinadas y sigue pagando el alquiler simbólico pactado hace 54 años.