El restaurante de La Lechera trata de evitar su desalojo

La entidad Pub Tony's, concesionaria de la cafetería-restaurante de la Feria de Muestras de Cantabria, situada en La Lechera, ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento para tratar de evitar que éste proceda al desalojo del negocio y la extinción del contrato. Asistida por un informe del Consejo de Estado, la Corporación acordó dichas medidas el 30 de marzo, por incumplimiento del contrato, impago del consumo eléctrico y hacer obras ilegales.

Pub Tony's pide que se revoque dicho acuerdo por estar basado en «hechos inexactos» y se ordene la revisión de las actuaciones municipales hasta que se resuelva el recurso. Según la entidad concesionaria, el desalojo le acarrearía «graves perjuicios de imposible o difícil reparación».

Persecución municipal

La firma Pub Tony's dice haber pagado el canon de la concesión todos los meses, dentro de los plazos normales, y manifiesta su voluntad de seguir haciéndolo. Señala que si se produce algún retraso es debido a la situación crítica en la que se encuentra, provocada por la «persecución municipal».

Tampoco acepta las imputaciones de los consumos eléctricos, por «arbitrarios, no corresponder a deudas tributarias y estar pendientes de resoluciones judiciales». Propone dirimir los mismos a través del pertinente expediente contradictorio y que se la autorice a instalar un contador independiente de las demás dependencias del recinto ferial.

Por último, pide que se revise el expediente de concesión para «coordinar los intereses de las partes, a fin de poder conseguir el equilibrio económico deseable».

Autorización verbal

En sus consideraciones, la empresa destaca que fue autorizada verbalmente por dos concejales a ampliar las instalaciones y que así fue reconocido en declaraciones judiciales por uno de ellos. También dice que se ha hecho una interpretación «torticera e ilegal» del contrato que rige la concesión, fechado el 25 de septiembre de 2003, conculcando de pleno los principios de «buena fe y confianza legítima». Según la firma concesionaria, el informe del Consejo de Estado está plagado de «estas confusiones».