15 años perdidos para los eólicos

El recurso de inconstitucionalidad que baraja interponer el Estado contra la Ley Eólica regional constituye la enésima frustración para este tipo de energía renovable en Cantabria. Precisamente se cumplen ahora 15 años desde que la Administración autonómica aprobase el primer parque de molinos, propuesto entonces por la empresa CESA, que sin embargo nunca se llegó a construir. Desde 1999, decenas de proyectos han pasado por los despachos de las consejerías, pero ni el Partido Popular ni la coalición que entablaron socialistas y regionalistas han logrado respaldar una industria incipiente en otros lares.

El sexto presidente autonómico de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso, impuso una moratoria a la construcción que a la postre impidió cualquier obra. Su sucesor, Miguel Ángel Revilla, anunció una apuesta absoluta por esta industria, convocó un gran Concurso Eólico y adjudicó emplazamientos por toda la región entre siete grupos empresariales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia anuló dicha convocatoria por irregular. Cuando Ignacio Diego asumió el poder en 2011, solo se había construido una instalación eólica en Cantabria, el parque de Cañoneras (Soba), abierto en 2008.

Diego anunció una nueva ley eólica, que no aprobó hasta 2013 y que además no ha entrado todavía en vigor, pues depende a su vez del futuro Plan Energético de Cantabria, aún en trámite. Para más Inri, el Estado ha forzado una mesa bilateral porque entiende que la norma es inconstitucional y por lo tanto recurrible. El siguiente es un relato cronóligo de cómo los eólicos no han conseguido arrancar en Cantabria hasta la fecha más que de forma testimonial.

1999

El Gobierno regional aprueba la construcción de un parque con 13 aerogeneradores para la producción de energía eléctrica, con una potencia de 7.800 kilowatios. La primera instalación de estas características en la región, promovida por Corporación Eólica S. L. (CESA), se iba a emplazar en las laderas de los montes Ornedo y Otero, en la zona noroeste del término municipal de Valdeolea, próxima a la Hermandad de Campoo de Suso.

2000-2001

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anula, debido a cuestiones técnicas, la autorización del parque de Ornedo. Electra de Viesgo había recurrido el proyecto por su conexión con la red general de distribución, extremo que el tribunal acepta y que la adjudicataria ha de modificar. La Consejería de Industria vuelve a autorizar el parque, pero, sorprendentemente, la Dirección General de Cultura lo rechaza. El Ejecutivo de Martínez Sieso decide imponer una moratoria mientras estudia la conveniencia de los eólicos y sus posibles incompatibilidades con el paisaje o el patrimonio. Sobre la mesa esperan 10 planes directores para este sector, que afectan a nueve empresas, suman 700 aerogeneradores y estiman una inversión total aproximada de 450 millones de euros

2002

El Gobierno, aún con la moratoria en vigor, aprueba tres de los citados planes directores, que engloban seis parques con una inversión privada de 93 millones. Calcula que producirán el 10% de la energía eléctrica que en ese momento consume la comunidad autónoma. En Palencia y Burgos ya hay instalados 133 aerogeneradores, y en Asturias están a punto de comenzar las primeras obras.

2003-2005

El cambio de gobierno significa un parón en la tramitación que el gabinete PP-PRC ha dejado solo amagada. El gabinete de Miguel Ángel Revilla decide empezar desde cero y, a mediados de 2005, presenta un borrador para un nuevo plan energético general. «O creemos en el mercado o no creemos», sentencia entonces el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo.

2006-2007

Se tramita y aprueba el Plan Energético de Cantabria 2006-2011, que prevé incrementar las renovables, hasta alcanzar el 20% de toda la producción eléctrica durante ese periodo.

2008

El bipartito se enfrasca en una campaña de promoción de un plan eólico que no redacta como tal, sino como extensión del plan energético, y para la que multiplica por cinco la potencia asignada a los molinos en dicho documento general. De 300 megavatios pasa a 1.500.

2009-2010

El Gobierno convoca y resuelve un Concurso Eólico para distribuir de una tacada todo el negocio posible con esta renovable en la región. Concurren medio centenar de propuestas. Finalmente, asigna 1.336 megavatios de potencia a siete grupos empresariales, con una inversión anunciada de 2.000 millones de euros y 4.200 empleos comprometidos, 2.500 de ellos fijos tras las obras, según el Ejecutivo. Dicha inversión incluye la instalación de los parques, más 35 proyectos industriales y de I+D+i asociados a las energías renovables. Las obras, inmediatas, decían.

2011-2012

De nuevo, el cambio de poder en Peña Herbosa significa un punto y aparte. El PP, contrario al Concurso Eólico, ve respaldado su recelo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria lo anula por, precisamente, contradecir la propia planificación energética regional. La consejería de Eduardo Arasti anuncia la redacción de otro Plenercán para el periodo 2011-2020 y de otra Ley Eólica, dependiente de aquél.

2013

El Parlamento autonómico aprueba la nueva Ley Eólica, muy contestada por los empresarios, que sin embargo no entra en vigor por culpa del retraso del Plenercán, al que está supeditada. La norma establece una potencia de 707 megavatios y obliga a establecer un concurso para cada parque concreto. Además, introduce compensaciones económicas como parte de los baremos a puntuar para decidir las adjudicatarias. Por su parte, el Plenercán, anunciado sucesivamente para 2012 y 2013, aún sigue en ascuas.

2014

El Estado discrepa de varios aspectos de la ley, caso de las compensaciones, y fuerza la creación de una mesa de negociación ante la posibilida de recurrir la norma cántabra por inconstitucional.