El director de industria es citado como imputado por la planta de aglomerado de Igollo

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha admitido a trámite la denuncia que la Fiscalía ha presentado por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa contra el responsable de Copsesa , Domingo San Emeterio, que también es alcalde del PP en Ramales de la Victoria, y contra el director general de Innovación e Industria, Fernando Javier Rodríguez, por la actividad de la planta de aglomerado asfaltico que la empresa tiene en Camargo. El auto dictado por el magistrado Luis enrique García Delgado les cita a ambos a declarar como imputados y pide que se llame como testigos al Seprona de la Guardia Civil y al CIMA.

Estas diligencias penales tienen su raíz en las denuncias presentadas hace un año ante la Fiscalía por la plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción Cantabria, contra la empresa Copsesa y las diversas administraciones que habían permitido la puesta en funcionamiento de una planta de aglomerado asfaltico. El permiso que se pidió para esa planta era para una instalación portátil y provisional por lo que no se solicitó el pertinente informe de impacto ambiental. Sin embargo, el auto resalta que se realizaron modificaciones que privaron a la instalación de su carácter portátil.

La pasada semana, el Ayuntamiento de Camargo ordenó la paralización y clausura efectiva y material de la actividad industrial de esa planta, después de que el Consistorio recibiera el respaldo judicial a una decisión que ya había adoptado en el mes de junio mientras se aclaraba, en otro proceso diferente, si era o no exigible a esta empresa una Declaración de Impacto Ambiental para la continuidad de la actividad de la planta.

Ahora, el magistrado cita a declarar como imputados a San Emeterio y Rodríguez. En el primero por su presunta implicación en un delito contra el medio ambiente (artículo 325 del código penal) que castiga aquellas actividades que atentan contra la protección del entorno.

En el caso del director general, se trataría de saber, dice el auto judicial, si la Administración, conociendo que se trataba de una actividad que requería de informe de impacto ambiental, autorizó su ejercicio. El magistrado destaca en este sentido, que pese a que la Fiscalía informó a la Dirección de Industria de que la planta de aglomerado clausurada seguía trabajando (16 de octubre de 2014) de forma clandestina e incluso en horas nocturnas, no consta realizada actuación alguna tendente a hacer cumplir la resolución de paralización acordad. Y tampoco hayan remitido certificación de que la resolución paralizadora esté en vigor, ni han aportado testimonio íntegro del expediente administrativo en el que se acordó y dejó sin efecto la mencionada resolución.

La denuncia inicial por parte de las ascoiaciones se presentó ante la Consejeríad e Medio Ambiente, que al tratarse de un permiso de actividad le fió traslado a la Dirección de Industria. Industria decretó ordenó la paralización de la actividad de la planta, pero según explican fuentes próximas a la Consejería, la empresa presentó el correspondiente recurso solicitando la suspensión definitiva y cautelar -mientras se tramitaba el expediente- de dicha paralización. Para esa decidir sobre esa paralización cautelar de la suspensión de la actividad se pidió a Medio Amiente -dado que era una cuestion medioambiental- un informe sobre el recurso de Copsesa, pero como pasó el plazo preceptivo de un mes sin que contestara, la paralización cautelar de la planta de aglomerados decayó.

En nota de prensa, las organizaciones que presentaron la denuncia inicial recuerda que tanto ellas como la propia Junta Vecinal de Igollo, han realizado numerosas denuncias ante las diferentes administraciones públicas (ayuntamiento de Camargo y consejerías de Industria y Medio Ambiente) desde septiembre de 2013.

Esperamos que tanto Domingo San Emeterio, administrador de la empresa COPSESA, como Fernando Javier Rodríguez, Director General de Industria, sean condenados por los delitos que se les imputan, inhabilitándoles para el ejercicio de sus funciones, sentencian.

Asimismo, destacan que Domingo San Emeterio es actualmente, además de un importante empresario, alcalde del ayuntamiento de Ramales y destacado dirigente del Partido Popular de Cantabria, miembro de su Comité Ejecutivo. Como imputado debiera abandonar dichos cargo a la mayor brevedad, opinan.

A su juicio, resulta poco ético que la empresa Copsesa sea una de las mayores adjudicatarias de proyectos de obra y construcción de numerosos ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, siendo su máximo administrador dirigente y alcalde del grupo popular.