El juez anula 22 altas irregulares en el censo de Santiurde de Toranzo

La población censada en el concejo de Bárcena (Santiurde de Toranzo) aumentó un 23% en los últimos seis meses. Justo en el límite de tiempo para que esos nuevos vecinos pudiesen votar allí el 24-M. A los 94 habitantes que tenía la localidad, según el Instituto Nacional de Estadística, se le sumaron de golpe 22. El PP, en la oposición, decidió denunciarlo al entender que el equipo de gobierno trataba de engordar el padrón con fines electorales. Y ahora, el juez le ha dado la razón y ordenado al censo que anule esas altas en el municipio gobernado por Estanislao Fernández (PRC).

La Sala ha detectado situaciones «contradictorias o inusuales», como que tres direcciones distintas que se dan de baja en otros municipios coincidan en una misma de alta en Bárcena. «El incremento de residentes es significativo y no justificado. Dichas altas no se corresponden con la residencia efectiva», dice rotunda la sentencia.

Después de 32 años al frente del Ayuntamiento, el PP perdió el bastón de mando tras los comicios de 2011 debido al pacto al que llegaron PRC y PSOE. Al acercarse unas nuevas votaciones, la Oficina Electoral Central señaló a comienzos de año a Santiurde de Toranzo como uno de los cinco municipios con «incrementos de población indebidamente justificados», junto a Noja, Las Rozas de Valdearroyo, Soba y Valdeprado del Río. Sin embargo, tras una primera investigación, la Delegación Provincial del Censo desestimó la impugnación del PP, que decidió recurrir.

Los hijos, en otra casa

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 califica ahora esa decisión del Censo de «realmente sorprendente», ya que se «comprobaron directamente las irregularidades». Se refiere, por ejemplo, a que el Ayuntamiento no aporte documentación de su investigación de los empadronamientos y que sea el propio alcalde el que «verifique personalmente las altas». Es más, en muchos de los domicilios dados de baja en otros municipios fueron los supuestos nuevos vecinos de Bárcena los que recogieron la notificación. En otros casos, los hijos menores siguen empadronados en las viviendas del municipio de baja.

Este control de altas en el censo se realiza en los municipios de menos de 2.000 habitantes, poblaciones en las que por su tamaño se pueden producir empadronamientos «sospechosos» y que podrían decantar incluso el resultado de unas elecciones. Sin embargo, estar incluido en esta lista no significa que se haya cometido una ilegalidad.

La misma investigación se llevó a cabo en Noja. Allí, la Policía Local detectó a 33 personas que pidieron darse de alta el mismo día, el 31 de diciembre de 2014. Y un centenar lo hizo desde el pasado verano. Un ritmo de altas que puso en alerta a la Oficina del Censo Electoral.

La delegación provincial de este organismo solicitó, por dos veces, al alcalde de Noja, Jesús Díaz, que investigará «de forma urgente» los últimos empadronamientos. La primera vez fue el 5 de febrero, pero no recibió respuesta. El segundo requerimiento tiene fecha de 25 de febrero. Según ha podido saber este periódico, es en ese momento cuando desde el Consistorio se ordenó a la Policía Local investigar, uno por uno, los 33 empadronamientos.

Cartas a todos

Los agentes visitaron los domicilios, entrevistaron a los vecinos y confirmaron que 21 de los nombres son irregulares, tres dudosos y nueve correctos, tal y como se puede leer en el documento registrado y con sello del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Acto seguido, la Oficina del Censo Electoral envió cartas a los antiguos domicilios de los 33 implicados, además de a otra persona al margen de este caso. Es decir, 34 reclamaciones en total para que aportasen su declaración de residencia. Solo se devolvieron 13 de ellas. De las 21 cartas recogidas en los supuestos domicilios antiguos, 12 las recogió el propio interesado.

A raíz de estas investigaciones, el PSOE de Noja presentó el pasado 13 de abril una impugnación oficial del censo electoral del municipio. Al día siguiente, el delegado provincial del organismo desestimó la denuncia de los socialistas: «No ha quedado probado que las inscripciones de las altas comunicadas en su día por el Ayuntamiento no se correspondan a residencias efectivas en el municipio». El PSOE presentará un recurso contencioso.