El Supremo salva de la piqueta la urbanización de la playa de Cuchía

«Llevamos casi 20 años de martirio. Espero que con esta sentencia, la pesadilla haya terminado, pero después de lo que hemos pasado ya no me fío de nada», musita desconfiada Cristina Tresgallo, propietaria de un piso y un local en la urbanización Playa Marzán, de Cuchía. Acaba de conocer por este periódico que el Tribunal Supremo ha salvado de la piqueta la edificación al dictar una sentencia en la que establece que la franja de protección costera en esa zona es de 20 metros y no de 100, tal y como estableció el deslinde marítimo-terrestre realizado por Costas en 2009.

La resolución del Alto Tribunal, conocida ayer, zanja de manera definitiva casi dos décadas de litigio, con cientos de escritos y varias sentencias contrarias a la construcción, y la correspondiente secuela en los juzgados penales, ante los que tuvo que rendir cuentas el entonces alcalde Avelino Cuartas, del PP, por un supuesto delito urbanístico.

La tesis enarbolada por el Supremo para validar la edificación es que el Plan Parcial que permitió el desarrollo urbanístico de Cuchía fue aprobado un mes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas de julio de 1988, que amplió de 20 a 100 metros la zona de servidumbre de protección. Por lo tanto, el Plan Parcial quedaba sujeto a las directrices de Costas vigentes en el momento de su aprobación, que establecían una anchura de protección de veinte metros, franja que respeta la edificación de la playa de Marzán.

La sentencia del Supremo, cuyo ponente ha sido Francisco José Navarro Sanchís, magistrado que ocupó plaza hace años en la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria, es el corolario de varias resoluciones judiciales contrarias a este edificio de 20 viviendas, locales y garajes. El Plan Parcial de Cuchía fue aprobado en junio de 1988 y siete años después, en 1995, el Ayuntamiento de Miengo concedió la licencia de obra para edificar una urbanización en la zona. ARCA, asociación conservacionista muy activa en aquella década contra lo que definió como «el salvaje proceso urbanizador del litoral cántabro», recurrió la autorización municipal e inició una cruzada con el objetivo de conseguir la demolición de la construcción de Cuchía. Sus pretensiones tuvieron éxito en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 primero y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria después, anularon la licencia al considerar que el Plan Parcial que la sustentaba era ilegal ya que vulneraba la Ley de Costas al permitir la edificación en la zona de servidumbre de protección de 100 metros.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo desencadenó el proceso de ejecución de sentencia, y mantuvo en ascuas a los propietarios que habían comprado de buena fe y ajenos al conflicto posterior. El Ayuntamiento de Miengo trató de paralizar el derribo y acudió al Supremo en interés de ley al entender que el tribunal cántabro había errado a la hora de aplicar las normas. En 2003 consiguió que el Alto Tribunal le diera la razón, al estimar que se había aplicado equivocadamente la Ley de Costas de 1988 al caso, abriendo así la vía para que los propietarios de la viviendas fueran resarcidos económicamente si la urbanización era derribada.

Con esa primera sentencia del Supremo bajo el brazo, el Ayuntamiento inició una carrera a contrarreloj para evitar la piqueta. Invocó la doctrina del Supremo, pero no tuvo eco y el juzgado apremió una vez sí y otra también para tirar lo ilegalmente construido. El Consistorio se acogió a la fórmula de las autorizaciones provisionales, aprobada en la pasada legislatura por el Gobierno del PP, para ganar tiempo e intentar aprobar un nuevo Plan General de Urbanismo que diera cobertura legal a la edificación. La urbanización Playa Marzán fue la primera en obtener una licencia provisional. Mientras tanto, ARCA recurrió también el deslinde de la costa de Cuchía realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2009, que permitía la legalización de la urbanización en conflicto al establecer una franja de servidumbre de protección de 20 metros.

Pero la Audiencia Nacional tumbó el deslinde y sumó aún más incertidumbre a la edificación. Desolados, el Gobierno regional y los propietarios recurrieron de nuevo al Supremo, que ahora les ha dado la razón y ha restablecido definitivamente una servidumbre de protección de 20 metros en Cuchía. El PGOU, aprobado hace dos meses, legalizaba ya la urbanización, pero a expensas de lo que dijera el Supremo.