La regeneración del Alto del Cuco se realizará con los escombros de los edificios ilegales

La ladera descarnada del Monte Picota, en el municipio de Piélagos, duele visualmente. Basta comparar el antes y el después de la actuación urbanística declarada ilegal hace casi diez años para advertir la agresividad de una actuación llevada a cabo, para más inri, en un entorno ambiental de gran valor natural y paisajístico. Las 214 viviendas construidas en el Alto del Cuco serán historia en pocos meses. Las administraciones implicadas, Gobierno y Ayuntamiento, han rubricado esta semana el acuerdo definitivo que articula el reparto de las obligaciones económicas para cumplir las sentencias que ordenan tirar los edificios y restaurar la zona, y cuyo coste se eleva a 3,7 millones.

En «dos o tres años» se podrá revertir la situación y veremos la ladera del monte regenerada ambiental y paisajísticamente. Eso al menos sostiene, aunque con prudencia, Roberto Morado García, coautor junto a Magdalena Pi Martínez del proyecto de demolición y rehabilitación del Alto del Cuco, el instrumento que servirá a la empresa pública Tragsa para acometer los trabajos.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, no contempla la restauración de los terrenos a su estado original, sino una «regularización topográfica», lo que significa que «se reconstruirá la morfología de la ladera de una manera similar» pero no idéntica, y, además, se aprovecharán los escombros de las demoliciones para rellenar los taludes y moldear la pendiente.

Para ejecutar la urbanización del Alto del Cuco se excavaron 600.000 metros cúbicos de tierra, explica Morado García, de manera que «si nos planteásemos restituir la topografía original tendríamos que aportar el mismo volumen de tierras, lo que sería un proyecto disparatado y económicamente inabordable».

El equipo de ingenieros pensó entonces en una solución «técnica y ambientalmente adecuada», que pasa por reconstruir la morfología de la ladera sin necesidad de aporte de tierras exteriores, y por utilizar los escombros procedentes del derribo para la recomposición de la montaña. Para ello, el proyecto técnico prevé la instalación de una planta portátil de «valorización de residuos», que separará y molerá los residuos inertes, como el hormigón, que legalmente sean reutilizables hasta convertirlos «en material adecuado» para su uso como relleno, junto a la tierra que se excave.

Se calcula que la explanación en la obra arrojará un excedente de tierras de 68.000 metros cúbicos que se reubicarán en la ladera, evitando con ello «transportes y costes de vertedero innecesarios», según refleja el informe. El ingeniero Roberto Morado estima que sólo un pequeño porcentaje de escombros se enviará al vertedero.

El proyecto se articula en dos niveles. El primero, el de mayor detalle, afecta a la ladera sur del Alto del Cuco, donde están las construcciones, y el segundo abarca el conjunto del Monte Picota. El primer paso será la demolición de las 214 viviendas situadas al pie del monte y comenzará a primeros de agosto para concluir en enero, según los plazos que baraja el director general de Urbanismo, Francisco González. Esta primera actuación, adjudicada el pasado viernes a Tragsa, contempla además la regularización topográfica de la zona edificada, devolviendo a la ladera las «pendientes similares a las que tenía en origen».

En los diez meses posteriores se acometerá la regeneración ambiental de toda la zona, mediante una revegetación que se hará de manera graduada. El proyecto aborda el proceso de rehabilitación ambiental «no como una obra, que se desarrolla en un plazo acotado, sino como una estrategia de actuación con un desarrollo temporal que alcanza el medio y largo plazo» para garantizar el éxito de la intervención.

A la hora de establecer la restauración ambiental, los ingenieros no han pasado por alto que el Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, aprobado provisionalmente en diciembre de 2015, prevé una actuación urbanística al sur de la ladera, justo frente a la urbanización existente al otro lado del vial (El Cuco II), razón por la que no contemplan una intervención específica de revegetación en esta franja. No obstante, recomiendan que, de hacerse en un futuro, se planten especies propias del encinar cantábrico, de manera que las futuras construcciones queden embutidas en la vegetación.

ARCA cuestiona el plan

El proyecto, que constituye la hoja de ruta para que el actual Ejecutivo y el Ayuntamiento de Piélagos cumplan la sentencia de derribo, es un plan heredado de la anterior legislatura. Fue encargado por Martinsa-Fadesa, propietaria de los terrenos sobre los que se construyó la macrourbanización, e incorporado al convenio de transacción judicial firmado en octubre de 2013 por el Gobierno del PP, el Ayuntamiento de Piélagos, la constructora y la Sareb para ejecutar la sentencia. De este modo, el documento se convirtió en una «herramienta técnica previa imprescindible» para materializar el acuerdo. La propia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria consideró que con la ejecución de este proyecto se tenía por cumplida la sentencia.

Pero la organización ecologista ARCA, que es parte en el proceso porque impugnó el Plan Parcial del Alto del Cuco, ha cuestionado el plan de regeneración y reclama la devolución de los terrenos a su estado original. En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso este periódico, la asociación recuerda a los jueces que el cumplimiento de la sentencia de derribo «debe conllevar» la rehabilitación de la misma topografía que tenía esa ladera del Monte Tolío en 2002. A su juicio, el proyecto «no tiene por objeto el cumplimiento de la sentencia, sino que está dirigido a permitir un uso recreativo en la parte central, con la construcción de un parque lineal, y al uso urbanístico de la parte baja de la ladera».

Polémica

El Sector 2 de Piélagos, más conocido como el Alto del Cuco, nació, vivió y murió rodeado de polémica. Esta fallida iniciativa urbanística comenzó en octubre de 2002 cuando el Ayuntamiento de Piélagos, en manos del PP, aprobó inicialmente el Plan Parcial promovido por Fadesa Inmobiliaria para construir un total de 395 viviendas. Pero cuando llegó a la Comisión Regional de Urbanismo en diciembre de ese mismo año, a la sazón dirigida por el PRC, sufrió un parón en seco. La Crotu se posicionó en contra del Plan Parcial, un informe de carácter no vinculante según la legislación urbanística de Cantabria, dado que Piélagos es un municipio con más de 2.500 habitantes. Así que en marzo de 2004 el Consistorio aprobó definitivamente el instrumento urbanístico que permitía actuar sobre un enclave de gran valor paisajístico.

La iniciativa desencadenó un proceso judicial, con sendos recursos del Gobierno de PRC-PSOE y de ARCA, que culminó en febrero de 2012 con una sentencia del Supremo que ratificaba la nulidad del Plan Parcial y la demolición de lo construido. Pero, entre medias, en 2007 la obra quedó congelada. Dicen los autores del proyecto que se paró «en el peor momento» desde el punto de vista visual, porque se había ejecutada prácticamente en su totalidad la «importantísima excavación» y aún no habían aparecido los elementos correctores, como coberturas vegetales, que «habrían mitigado el impacto». Ahora, el Gobierno adelantará a Piélagos el dinero para regenerar la zona, poniendo fin a un conflicto de años.