Las grúas entran en El Cuco

Las casas llegaron a tener ventanas. Y puertas. Pero sus propietarios nunca entraron a vivir en ellas, y eso salvó los ahorros e inversiones que las familias afectadas por la sentencia de derribo del Alto del Cuco recuperaron, tras casi una década de presión judicial. Habían dado la entrada para vivir en una ladera que antes fue montaña pero que hoy es un escalón de piedra y grijo mutilado entre hormigón. En ese escenario natural se proyectó la construcción de 400 viviendas de distintos tipos; unifamiliares y en bloques, de las que sólo se llegaron a levantar 214, un puñado de hogares dibujados por fuera y escuálidos por dentro que este viernes han empezado a caer.

Pasadas las diez de la mañana, las máquinas han iniciado su discurso de pitidos, golpes y muerdos a la piedra para tumbar lo que se ha calificado como una de las "mayores barbaridades urbanísticas" de la región. Como si fuera posible borrar un paisaje dibujado a lápiz, la estampa de este emblemático monte de Piélagos se enfrenta desde hoy a un proceso de regeneración y recuperación que no contempla, en ningún momento, levantar viviendas: "En el Alto del Cuco no se puede ni se va a construir nada", decía esta mañana la alcaldesa, Verónica Samperio. No, al menos, en la parte alta, porque en la baja cabe la posibilidad de hacerlo. Lo que sí contempla el plan es reconstruir "la morfología de la ladera de una manera similar» pero no idéntica a la que había antes de que llegaran los desniveles y escalones que se construyeron a tajazos. Ahora, el proyecto de recuperación de esa zona natural avanza con el aprovechamiento de los escombros de las demoliciones para rellenar los taludes y moldear la pendiente, después de que se excavaran 600.000 metros cúbicos de tierra para ejecutar la urbanización.

Quien paga la demolición

En el caso del Alto del Cuco, a diferencia de otras urbanizaciones de Cantabria, no hay compradores afectados por estos derribos, ya que la aseguradora de la constructora, Fadesa, se vio obligada a devolver las cantidades aportadas por quienes compraron. Fue en 2010, tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anulara el Plan de El Cuco por su alto impacto paisajístico, cuando las familias recibieron una carta de Martinsa Fadesa en la que la constructora reconocía que el contrato que había firmado con los propietarios había quedado resuelto.

Por fortura, recuperaron lo que habían invertido pero, ¿y cómo recupera el paisaje lo que le quitó la construcción de esta urbanización? La respuesta pasa por las mismas máquinas que levantaron lo que hoy se derrumba. Los brazos hidráulicos de las máquinas han arrancado los primeros pedazos de una urbanización cuya desaparación costará 1,1 millones de euros. Sin embargo, a esto hay que añadirle 2,7 millones, los previstos para regenerar y restaurar el monte sobre el que se levantaron las viviendas ilegales.

Lo paga el Gobierno de Cantabria, pero como parte de un acuerdo con el Ayuntamiento de Piélagos para hacer frente a la ejecución de la sentencia. El convenio estipula una cuantía total de 3,7 millones la adelanta el Ejecutivo cántabro y después, el consistorio devolverá el montante en un plazo de diez años, según un acuerdo que alcanzaron las partes en 2013, cuando el Gobierno estaba en manos del Partido Popular. Ahora, la gestión cae en manos del bipartido PSOE-PRC a pesar de que en un primer momento se opusieron a este convenio.

Historia de un derrumbe

La historia del Alto del Cuco comenzó en 2002, cuando el Ayuntamiento de Piélagos (PP) aprobó inicialmente el Plan Parcial promovido por Fadesa Inmobiliaria para construir 395 viviendas. Ese mismo año, el proyecto sufrió un revés cuando la Crotu se posicionó en contra del Plan Parcial, "por el enorme impacto paisajístico que provocarán las viviendas previstas en la zona y que ocuparían toda la ladera del alto, provocando grandes desmontes y muros de contención". Sin embargo, este informe no era vinculante según la legislación urbanística de Cantabria, dado que Piélagos es un municipio con más de 2.500 habitantes. Así fue cómo, en marzo de 2004, el Consistorio aprobó el plan y dio luz verde a una de las actuaciones más agresivas que ha soportado la región.

La iniciativa desencadenó un proceso judicial, con sendos recursos del Gobierno de PRC-PSOE y de ARCA, que culminó en febrero de 2012 con una sentencia del Supremo que ratificaba la nulidad del Plan Parcial y la demolición de lo construido. En 2007 la obra quedó congelada. Dicen los autores del proyecto que se paró «en el peor momento» desde el punto de vista visual, porque se había ejecutado prácticamente en su totalidad la «importantísima excavación» y aún no habían aparecido los elementos correctores, como coberturas vegetales, que «habrían mitigado el impacto». Ahora, el Gobierno adelantará a Piélagos el dinero para regenerar la zona, poniendo fin a un conflicto de años y que pagarán las arcas de los cántabros.