Visto para sentencia el juicio de otros 22 bomberos voluntarios de Camargo

El cierre de la antigua Agrupación de Protección Civil de Camargo después de que la Inspección de Trabajo, primero, y la Justicia, después, reconociera una relación laboral con el Ayuntamiento a 17 de sus integrantes, vivió ayer un nuevo episodio en los tribunales. En esta ocasión el Juzgado de lo Social nº 2 de Santander albergó la vista oral en la que otros 22 compañeros demandan al Consistorio para que se les equipare a los miembros que ya se han incorporado a la plantilla municipal como personal laboral indefinido no fijo y que están a la espera de poder operar en el nuevo Servicio de Extinción de Incendios que se asienta en el Polígono de Trascueto (Revilla).

Ante la misma jueza que ya falló en octubre de 2014 a favor de los primeros 17 voluntarios, el meollo del procedimiento gravita en torno a dirimir si la situación de los nuevos demandantes, cuyo caso quedó paralizado a la espera de que el Supremo reafirmase o tumbase la sentencia primera el Alto Tribunal no admitió el recurso de casación del Ayuntamiento es igual a la que dio lugar a la resolución primaria que hizo saltar por los aires un modelo de Protección Civil en Camargo que venía funcionando desde el año 2000. La parte demandante se ratificó en que los hechos son «sustancialmente idénticos» y defendió la existencia de una relación laboral al darse los «requisitos de dependencia y quedar acreditado que la alcaldesa y el concejal eran parte del organigrama del servicio» cuando se puso en marcha.

Por su parte, la defensa del Consistorio rechazó de plano estas premisas y para ello se agarró a las sentencias ya dictadas y a las actas de la Inspección de Trabajo que motivaron que la manera de funcionar de la Agrupación de Protección Civil acabase en sede judicial. En esas evaluaciones de Trabajo, recordó el letrado municipal, se escrutó la situación de los 65 voluntarios y, tras las pesquisas, se establecieron tres grupos: Los 17 miembros ya incorporados a la plantilla camarguesa; los 22 que actualmente demandan y que, según el Ayuntamiento, ya se constató que percibían dietas de forma adecuada en base a su labor altruista; y el resto, que no cumplía con los requisitos mínimos para que la Casona girara dinero alguno por sus servicios.

Testificales

Para tratar de aquilatar su postura, la parte demandante llamó a declarar al antiguo coordinador de la Agrupación, actualmente jefe del Servicio de Extinción de Incendios creado en julio, y al exjefe del Grupo de Salvamento Acuático. El primero de ellos precisó que el Ayuntamiento era «conocedor de las actividades y protocolos», además de asegurar que no había un desglose de las dietas que el erario local sufragaba. El segundo abundó en que esas cantidades eran similares todos los meses, pues también lo eran los servicios que hacían los 22 voluntarios.

Otra demanda por despido improcedente ésta solo pide reconocer la relación laboral tras el cierre de la Agrupación en enero aguarda a que este pleito quede resuelto.