El Cuco desaparece del mapa

Borrar el Alto del Cuco, las 214 viviendas construidas en la ladera sur de ese monte, en el municipio de Piélagos, a menos de 500 metros de la autovía, ha sido un trabajo arduo y costoso. Levantada en 2004, a rebufo del boom inmobiliario, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, la urbanización ha pasado más de una década con los ladrillos pegados al suelo sin que nadie pudiese entrar a vivir. Era la viva imagen del esperpento urbanístico, una brutal cicatriz de 600.000 metros cúbicos en el monte que fue recurrida por la asociación ecologista Arca y que los tribunales, en sus sucesivas sentencias, declararon ilegal por el «brutal impacto paisajístico». Unos esqueletos de hormigón que el miércoles desaparecieron definitivamente bajo los golpes de las piquetas. Ya solo quedan las grúas de Tragsa, empresa encargada de los trabajos, y los restos de 88.750 metros cúbicos, el equivalente a 32 piscinas olímpicas, que hace escasas semanas eran este símbolo de la destrucción ambiental y una herencia de edificios fantasmagóricos que llevan asustando a todo el que los mira desde hace más de una década. El único condenado por aquella tropelía urbanística fue el Ayuntamiento de Piélagos, al que los jueces obligaron a derribar las moles inacabadas y acometer la restauración ambiental de la zona.

La guía con la que cuenta el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, que colaboraron en el derribo y su restauración ambiental, señala que aún quedan cerca de tres meses por delante y que los trabajos tendrán un coste final de 3,7 millones de euros. La primera fase, la de la demolición, asciende a 1,1 millones. Aún quedan tres meses de trabajos pero sus huellas ya no serán visibles. Luego empezará otra fase que tratará de restaurar, de rehabilitar, lo que fue un paisaje muy distinto. Eso costará más. Tiempo y dinero. En concreto, lo segundo, 2,7 millones. La suma de ambas cantidades la adelantará el Gobierno de Cantabria y la irá devolviendo el Ayuntamiento de Piélagos año tras año durante la próximas década. Una operación que tendrá un coste añadidopara el Consistorio, según explican fuentes municipales, ya que abonará un 1% de interés anual a la Administración autonómica. Es decir, el Ejecutivo actuará como una suerte de entidad bancaria.

El Consejo de Gobierno ya aprobó el pasado mes de mayo el gasto plurianual para consignar el montante necesario para abordar las obras. Ahora, según explicó en su día el director general de Urbanismo, Francisco González, se procederá a la regularización topográfica de la zona edificada, devolviendo a la ladera las «pendientes similares a las que tenía en origen».

Los más complejo, a partir de que acabe la primera fase, será su restauración. En «dos o tres años» se podrá revertir la situación y veremos la ladera del monte regenerada paisajísticamente. El pronóstico lo pone sobre la mesa, con toda la prudencia posible, Roberto Morado García, coautor junto a Magdalena Pi Martínez del proyecto de rehabilitación. Para ello, se van a utilizar los escombros procedentes del derribo de las viviendas ilegales. Se prevé la instalación de una planta portátil de «valorización de residuos», que separará y molerá los residuos inertes, como el hormigón, que legalmente sean reutilizables hasta convertirlos «en material adecuado» para su uso como relleno, junto a la tierra que se excave. En los diez meses posteriores se acometerá la regeneración ambiental, mediante una revegetación que se hará de manera graduada.

El documento, que fue adelantado por este periódico el pasado septiembre, no contempla la restauración de los terrenos a su estado original, sino una «regularización topográfica», lo que significa que «se reconstruirá la morfología de la ladera de una manera similar» pero no idéntica, y, además, se aprovecharán los escombros de las demoliciones para rellenar los taludes y moldear la pendiente.

El proyecto ya nació rodeado de polémica en 2002. Por entonces, el Ayuntamiento de Piélagos, que estaba gobernando por el PP con mayoría absoluta, aprobó inicialmente el Plan Parcial promovido por Fadesa Inmobiliaria para construir un total de 395 viviendas. Dos meses después, la Comisión Regional de Urbanismo se posicionó en contra del Plan, pero su informe era de carácter no vinculante según la legislación urbanística de Cantabria, dado que Piélagos era un municipio con más de 2.500 habitantes. Así que en marzo de 2004, en plena fiebre inmobiliaria, el Consistorio dio el visto bueno. Fue el inicio de un proceso judicial con recursos del bipartito PRC-PSOE y de ARCA que culminó en febrero de 2012 con una sentencia del Supremo que ratificaba la demolición de lo construido.