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Jesús Lastra
Sábado, 31 de diciembre 2016, 07:44
El Ayuntamiento de Camargo aún sigue asimilando el desarrollo del Pleno celebrado el miércoles en que el equipo de gobierno PSOE-PRC no logró sacar adelante su propuesta de ordenanza fiscal, que incluía una reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ... una rebaja en el gravamen sobre el Instrumento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la denominada Plusvalía, medidas ambas dirigidas a compensar el incremento del valor catastral, de manera que en 2017 las tasas siguieran congeladas. La alcaldesa, Esther Bolado, puso ayer cifras a las consecuencias de este desacuerdo: Ambos tributos subirán "un 5%" el año próximo salvo que se alcance un consenso de última hora pues, a su juicio, la ordenanza fiscal deberá ser validada a más tardar en la sesión plenaria de finales de enero.
El problema que arrastra el gabinete camargués es que le hace falta un apoyo más para tener mayoría después de que el concejal Marcelo Campos fuera destituido como responsable de Servicios Sociales a raíz de la investigación a la Plataforma de Alimentos municipal. Con el respaldo de los dos concejales de Izquierda Unida la coalición de gobierno suma diez votos, pero el Partido Popular y el propio Campos, que rechazaron la hoja de ruta fiscal del equipo de Bolado, aglutinaron once manos alzadas.
Con este escenario la negociación sería el camino obvio, pero la regidora, que compareció junto al titular de Empleo, Eugenio Gómez, no se mostró muy dispuesta a tender puentes a los populares. De hecho, en la rueda de prensa de ayer atacó con dureza al portavoz del principal partido de la oposición, Diego Movellán, al que acusó de paralizar la situación. "El será el único responsable de que los ciudadanos vayan a pagar más", sostuvo, para reprobar la actitud "grave e irresponsable", además de "profundamente insolidaria", tanto del PP como del propio Campos.
El grupo popular, por su parte, llevó al Pleno una rebaja impositiva "más ambiciosa", según la define, aunque para el equipo de gobierno es "ilegal e imposible de cumplir" al suponer quebrantar "la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cerrar 2017 con déficit". En cifras, implicaría una reducción de los ingresos próxima al medio millón de euros, con bonificaciones en el IBI y un descenso del 50% en la Plusvalía, entre otros aspectos.
Movellán defendió en nota de prensa su apuesta tributaria y recalcó que es "perfectamente viable con tan solo reducir gastos, tal y como señalan los informes de Secretaría e Intervención, que no hablan de ilegalidad alguna, solo de la necesidad de equilibrar ingresos y gastos". El equipo de gobierno adujo en el Pleno que los análisis técnicos avalaban que esta fórmula era inviable.
El exalcalde popular incidió en que "estamos deseando recibir una llamada" del Gabinete PSOE-PRC "para iniciar hoy mismo por ayer una negociación sin líneas rojas y con solo una exigencia: Que no hablemos de congelar impuestos como ellos han propuesto, sino de una rebaja real y ambiciosa que se note en los bolsillos de los vecinos".
Posturas distanciadas
Sin embargo, según Bolado, su equipo no debe mover ficha y es el PP el que tiene que dar un paso adelante. "Nosotros hemos llevado la propuesta a la Comisión de Hacienda, que es donde deben buscarse los consensos. Es la única alternativa viable. Ellos mismos cierran sus propias puertas con cosas que son imposibles e inviables. Ahora sí que es verdad que tenemos un problema de plazos. Está en manos del Partido Popular que se dé cuenta de que ha metido la pata y quiera rectificar".
A más, detalló que aplicar el Plan B del Partido Popular llevaría a eliminar subvenciones y bonificaciones varias. De momento, el Presupuesto de 2017 está paralizado a la espera de concretar qué marco tributario va a tener que desarrollar el Consistorio.
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